Aunque formalmente la bancada haya hecho caso a su indicación de despojar de su inmunidad al diputado y senador electo Erico Galeano -imputado por lavado de dinero y asociación criminal-, es evidente que el polémico dirigente busca ahora protegerse con el fuero de senador electo.
Para el efecto, tuvo la inestimable ayuda del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que adelantó la proclamación de los candidatos electos al 30 de abril pasado, de tal manera a darle argumentos a sus abogados para embarrar la cancha en el caso que el juez de la causa decrete su prisión.
En una reveladora conferencia de prensa, el pasado martes, Erico Galeano dijo, entre otras cosas, que Santi Peña le había “pedido personalmente” emitir el comunicado en el que le instaba a someterse al proceso judicial. Este dato nos remite a las expresiones de Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, apenas terminadas las internas, cuando contó que Santi Peña le había pedido autorización para ofrecerle un cargo en la Junta de Gobierno a Arnoldo Wiens.
Pese a todo, el diputado Erico Galeano no hizo ni hará caso a la indicación de ponerse a disposición de la Justicia, que públicamente le hizo el presidente electo. Su objetivo, evidentemente, es llegar con chicanas al 1 de julio para jurar como senador y quedar blindado. En el tiempo que queda hasta entonces negociará para procurarse impunidad.
Sobre el caso del desafuero de Galeano, otro que aportó su opinión fue el diputado colorado Ulises Quintana. Al ser consultado sobre la bajada de línea del presidente electo, lo desautorizó, señalando que “no es parte de la Justicia ni del Poder Legislativo”.
El episodio coloca en el tapete una cuestión repetida hasta el hartazgo antes, durante y después de las elecciones: que Peña no tendrá independencia ni poder y que estará preso de una compleja estructura que tiene vínculos con el crimen organizado.
El presidente electo administrará el país, desde el 15 de agosto, bajo la mirada crítica y desconfiada de más de la mitad del electorado que no lo votó. Además, está claro que un número importante de parlamentarios colorados, agrupados en la disidencia, no le será enteramente leal. De hecho, como condición para apoyar su gestión, le instaron a no ser un simple mandadero del expresidente Horacio Cartes.
Los disidentes colorados aglutinados en Fuerza Republicana ya decidieron formar su bancada aparte. Uno de sus integrantes refirió que entre ellos mismos también existe una división: están los que quieren asumir una postura “independiente” y otros que directamente quieren hacer oposición al gobierno.
Si eso no fuera suficiente, se ve ahora, sin ambigüedades, que Peña deberá lidiar con dirigentes y autoridades de su propio movimiento, Honor Colorado, que consideran al poder político solamente como un instrumento para proteger sus negocios e intereses particulares.
En 2018, Mario Abdo Benítez, debió recurrir a una alianza con parte de la oposición en el Congreso para tener gobernabilidad.
En 2023, esa opción no parece viable para Santiago Peña mientras se muestre dependiente de Cartes. Se trata de un conflicto casi imposible de resolver y que marcará los límites de lo que podrá hacer como administrador del país.