Ocho gremios de la Fiscalía, unidos en el “Frente Unido del Ministerio Público”, emitieron un comunicado público en el que responden a lo que el Sindicato del Ministerio Público de la República del Paraguay (Simipar) afirmó más temprano acerca de que en la institución “reina la tiranía, el despotismo y el chonguismo” con la administración de Emiliano Rolón.
El entonces directivo del club Olimpia y actualmente imputado por narcotráfico Diego Benítez, el diputado Eulalio “Lalo” Gomes (muerto en 2024) y su hijo Alexandre Rodrigues, habrían negociado cheques por US$ 650.000 con el fin de traer un jugador a dicha entidad deportiva. En contrapartida, Lalo ubicó dos futbolistas brasileños en el club, según revelan mensajes intercambiados entre 2019 y 2020.
Lo senadores cartistas Mario Varela y Derlis Maidana, ambos representantes de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), prometieron ante el pleno del Senado rendir cuentas de forma frecuente de sus votos en el órgano extrapoder.
Los Obispos del Paraguay reunidos en la 244ª Asamblea General Ordinaria de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), emitieron un furibundo comunicado en el que llaman principalmente a las autoridades a dar signos que desarticulen la trama corrupta que atenta contra el recto funcionamiento de las instituciones del Estado, respeten la Constitución asegurando el equilibrio y separación de los poderes del Estado y las instancias de selección y de enjuiciamiento de jueces realicen su servicio con imparcialidad.
“Muchas gracias!!!” escribió el 22 de marzo de 2022 el expresidente Horacio Cartes al fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes. Fue luego de que Lalo le informara al actual titular de la Junta de Gobierno sobre su “gestión” para salvar ese mismo día del juicio político a la ex fiscala general Sandra Quiñónez. Este intercambio de mensajes confirma la descarada impunidad de la que gozaba la exmandamás del Ministerio Público.
Óscar Tuma, abogado de la familia del fallecido Eulalio Lalo Gomes, indicó que el pedido de desestimar la causa penal sobre la muerte del exdiputado es la prueba final de lo que venía denunciando hace meses. Señaló que todos merecían saber qué pasó ese día el allanamiento, más allá de estar de acuerdo o no con su defendido.