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Con 16 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, el Senado chileno aprobó la medida de seguridad ratificada anteriormente en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde conto con 96 votos a favor.
Tras la decisión del Congreso, el estado de excepción regirá durante 15 días más en toda La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío, zonas que desde hace meses sufren una escalada de sabotajes a maquinaria forestal, incendios a propiedades y viviendas, además de robo de madera y tiroteos.
Esta herramienta constitucional permite el despliegue militar en la zona para que ayuden a Carabineros (Policía militarizada) a controlar el orden público, incluyendo vigilancia en las principales carreteras y caminos aledaños.
Según cifras del Ministerio Público, los delitos vinculados a hechos de violencia rural disminuyeron un 43 % en La Araucanía, en tanto las denuncias por usurpación de terrenos bajaron un 74 % en 2022.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la "Pacificación de La Araucanía" y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales.