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Cualquiera que siga de cerca los asuntos de Itaipú sabe perfectamente a qué se refiere Alexandre Silveira. El Gobierno paraguayo está muy interesado en el tema de la tarifa porque pretende obtener un determinado monto de plata dulce para repartir a su antojo a través de la binacional en forma de “fondos sociales”, ni siquiera por la vía y bajo el control del presupuesto público. Pero, por considerable que dicho monto pueda ser, y aunque nos quieran convencer de lo contrario, se trata de un tema secundario.
La cuestión de fondo en Itaipú, no solamente desde el punto de vista financiero, sino en cuanto a la dignidad nacional, es que ya se cumplió el período establecido para proceder a la revisión del Tratado, ya se canceló la sideral deuda por la construcción de la central y, pese a ello, Paraguay sigue sin poder disponer de su 50% del potencial energético del río Paraná en el área del emprendimiento, y sigue cediéndole al Brasil todos sus excedentes a cambio de una mísera “compensación”.
Paraguay tiene al día de hoy aproximadamente 20 millones de megavatios/hora al año sobrantes en Itaipú, lo que es una enormidad, equivalente a la totalidad del consumo nacional de un año. Por el Tratado firmado en 1973, hace 51 años, se ve obligado a ceder gran parte de la energía no utilizada a su socio, que a cambio paga una ínfima suma resultante de un cálculo absolutamente arbitrario, que no guarda ninguna relación con el valor real de esa energía. Incluso con los sucesivos incrementos obtenidos, primero por el gobierno de Nicanor, y luego por el de Lugo, esa suma sigue siendo irrisoria, actualmente alrededor de 10 dólares el MWh frente a un precio de mercado regional que en coyunturas de calor o sequía suele superar los 200 dólares, y encima está congelada desde hace quince años.
Por supuesto que lo ideal sería que Paraguay pudiera usar todo su 50% internamente para su propio desarrollo, pero, en el mejor de los casos, y con proyecciones bastante optimistas de la evolución de la demanda doméstica, todavía faltan diez años para que eso sea una realidad. Entonces Brasil, plenamente consciente de ello, lo que busca es mantener la situación actual, a lo sumo con variaciones no sustanciales, por el mayor tiempo posible, preferentemente por otra década.
La insistencia paraguaya con la tarifa le vino como anillo al dedo. Por un lado, le permitió postergar sin ningún esfuerzo las conversaciones sobre la renegociación del Anexo C y del Tratado, que ya debieron comenzar en agosto de 2023, al cumplirse 50 años de su puesta en vigencia. Por el otro lado, le proporcionó una nueva herramienta para perseguir su propio objetivo estratégico, que es mantener en esencia el statu quo, sumamente favorable para Brasil y sumamente perjudicial para Paraguay.
Por ambas razones, deliberadamente retrasan el acuerdo tarifario. Desde el Gobierno de Santiago Peña se dijo que el anuncio de la nueva tarifa era inminente y se deslizó que estaría en torno a los 19 dólares el kilovatio/mes, pero desde Brasil ya se habla de un mínimo de tres semanas más, sin moverse del máximo de 16,71 dólares. Poca duda cabe de que quieren aprovechar para sacar ventajas.
Probablemente Brasil permitirá un cierto margen para “fondos sociales”, algo que le es prácticamente irrelevante, pero de ninguna manera ello puede ser aceptado a cambio de una “contrapartida”, como dice el ministro Silveira. Itaipú es crucial para Brasil. Es cierto que representa solo el 8,5% de su producción total de energía eléctrica, pero abastece el 100% del consumo del rico sudeste del país, incluyendo gran parte del estado de São Paulo. La central ya está amortizada, se acabaron los pretextos. Si quieren seguir contando con el excedente paraguayo, lo deben pagar por lo que vale. No es justo que Paraguay siga regalando su energía y subsidiando a su poderoso vecino.