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La creciente inseguridad interna indujo al Poder Ejecutivo –desbordado por la ola de violentos hechos punibles– a presentar un proyecto de ley de “Reforma y Modernización de la Policía Nacional (PN)”, que acaba de ser sancionado por el Congreso con la rápida aprobación de la Cámara de Diputados, gracias al voto colorado mayoritario. Fue consentido pese a que incluye normas que atentarían contra la letra y el espíritu del art. 175 de la Constitución, que encarga a la PN preservar el orden público, así como los derechos y la seguridad de las personas y de sus bienes, prevenir los delitos, ejecutar los mandatos de la autoridad competente e investigar los ilícitos, “bajo dirección judicial”.
La iniciativa de tintes autoritarios otorga una gran autonomía a dicha institución, a costa de la libertad de la gente, como si esta fuera incompatible con la preservación de su integridad física y patrimonial. Le permite, por ejemplo, ser el primer interventor en una pesquisa a pedido de los “órganos administrativos o de las autoridades de aplicación de las leyes, comunicando los resultados a las instituciones correspondientes”. Además, puede participar en la elaboración de las documentaciones, así como en la recolección de indicios y evidencias a ser juzgados. Queda abierta la cuestión de cuáles serían esos anónimos “órganos administrativos” autorizados a solicitar una investigación, ya que ello solo compete al Ministerio Público, según su ley orgánica, con directivas y plazos bien definidos.
Esto implica que ni siquiera el Ministerio del Interior podría efectuar un pedido a la institución policial, más aún atendiendo que el Código Procesal Penal dispone que sus funcionarios asignados a una investigación “deberán cumplir las directivas e instrucciones del Ministerio Público y las que durante la tramitación del procedimiento les dirijan los jueces, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la que están subordinados. La autoridad administrativa no podrá revocar, alterar o retardar una orden emitida por los jueces o por los fiscales”. El serio peligro que conlleva la norma aprobada es que, a solicitud de cualquier “autoridad administrativa”, la PN podría investigar a alguien durante meses y por el motivo que fuere, presumiéndose que lo haría incluso interviniendo sus comunicaciones, sin orden judicial ni conocimiento del Ministerio Público, tal como ocurrió durante ciertas décadas infames.
Otro punto objetable de la iniciativa del Poder Ejecutivo es el relativo a las barreras policiales montadas para inspeccionar personas y vehículos, ante “la inminente alteración del orden público o la reciente comisión de hechos punibles”, con previa comunicación al Ministerio Público. Dichos dispositivos, cuyo levantamiento “gradual” fue anunciado en 2021, afectan la libertad de tránsito y eventualmente hasta la propiedad privada de los objetos transportados, como un martillo o un cuchillo de mesa porque podrían servir para cometer hechos punibles. Se ha llegado al extremo de que las barreras sirvan para el chantaje policial o para “plantar” sustancias ilícitas en los vehículos detenidos, con igual propósito.
De hecho, el mayor déficit de la PN tiene que ver con la deshonestidad, antes que con el bajo presupuesto o con la escasez de efectivos: su drama es que la corrupción está arraigada en su seno, de modo que tendría que reforzar notablemente su Dirección General de Asuntos Internos para limpiar la casa de agentes patógenos. De hecho, según la iniciativa sancionada, contará con siete dependencias. Pero antes hace falta seleccionar al personal, pues no serían pocos los que allí ingresan para obtener un uniforme que les permita delinquir sin temor. Quizá no sea tarde para inculcar a los cadetes ciertos principios morales, aparte de evaluarlos médica y toxicológicamente antes de su ingreso: se ha propuesto que esos controles sean periódicos, lo que parece razonable, dado que hace un par de meses se supo, desde la propia Comandancia de la PN, que decenas de agentes habían sido apartados por su afición a las drogas ilícitas.
En fin, la “Reforma y Modernización de la Policía Nacional” depende de la ley, que debería ser mejorada, según lo admitió incluso uno de sus defensores, el diputado Derlis Rodríguez (ANR, cartista), pero también es de vital importancia que sea aplicada de verdad, para que los “polibandis” dejen de infectar la institución y perseguir a la gente de bien.