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Tal como se podía prever desde un principio, Brasil terminó cediendo un poco para llegar a un punto intermedio en la tarifa de Itaipú, que quedó fijada en 19,28 dólares el kilovatio/mes para 2024, 2025 y 2026, lo que arroja una diferencia anual de aproximadamente 1.300 millones de dólares por encima del costo básico de la central, a ser repartida en partes iguales, 650 millones para cada país, en forma de “fondos sociales”, durante tres años. El acuerdo puede ser beneficioso, toda vez que se cumplan dos condiciones. La primera es que no se constituya en un pretexto para postergar la restitución de los plenos derechos paraguayos en Itaipú. Y la segunda es que esos fondos no sigan siendo utilizados discrecionalmente como una enorme caja negra del poder de turno, sino que ingresen al Presupuesto nacional y pasen por los canales institucionales previstos en la Constitución.
Para que se entienda bien, en teoría Itaipú es una entidad sin fines de lucro, por lo cual su tarifa, que es la que pagan la ANDE y la empresa eléctrica estatal brasileña por la contratación de potencia y retiro de energía, debe reflejar estrictamente su costo de producción. Al terminar de cancelarse en 2023 la exorbitante deuda por la construcción de la central, y al desembarazarse en consecuencia de su alto componente financiero, ese costo se redujo sustancialmente, y con ello también la tarifa que, en rigor, matemáticamente se ubica en torno a los 11 dólares el kW/mes para la energía garantizada, suficientes para la operación, el mantenimiento, las previsiones y otros costos básicos de la hidroeléctrica.
Sin embargo, como parte de ese costo se agrega una suma anual de “inversión social” cuyo monto mayor o menor es lo que ha estado en discusión. Originalmente el Gobierno paraguayo planteó elevar la tarifa a 22,60 dólares el kW/mes, mientras que Brasil insistía en mantenerla en 16,71 dólares, para finalmente acordar la anunciada de 19,28, de donde surge la diferencia de 1.300 millones de dólares al año.
Es importante resaltar que ello será financiado parcialmente por la ANDE, es decir, por los consumidores paraguayos de electricidad, aunque en mayor proporción por Brasil, que contrata alrededor del 70% de la potencia de Itaipú, y más si se considera que se mantuvo a favor de la empresa paraguaya el “acuerdo operativo” hasta 2026, que le permite contratar una mayor porción de la energía “no garantizada” y más barata.
No obstante, aunque las compañías eléctricas brasileñas paguen la mayor parte de esa diferencia, para Brasil ello representa el 0,07% de su gasto estatal y el 0,01% de su producto interno bruto, algo prácticamente insignificante. Por lo tanto, se trata de una “concesión” sumamente pequeña por parte de nuestro socio, que en ningún caso debe ser usada como excusa para dejar en “stand by” las legítimas reivindicaciones paraguayas, las más importantes de las cuales son la libre disponibilidad de su 50% y un precio justo por sus excedentes.
Al respecto, en forma sospechosamente ambigua, en el acuerdo primero se señala que Paraguay “de inmediato” tendrá la posibilidad de “vender su energía en el mercado libre brasileño”, pero ya en el siguiente párrafo se indica que “en la revisión del Anexo C”, la parte paraguaya de la energía de Itaipú no consumida por nuestro país “podrá ser vendida libremente en el mercado brasileño por el Paraguay”. Ello sugiere que lo “inmediato” no se refiere a los excedentes de Itaipú, sino los de otras fuentes, y que para lo correspondiente a Itaipú hay que esperar tal revisión y obtener la graciosa autorización brasileña. Tampoco queda claro si Paraguay podrá disponer libremente de su parte. Por ejemplo, por precio, en este momento conviene mucho más venderle a la Argentina que al Brasil.
Evidentemente queda mucha tela que cortar, pero por lo pronto lo urgente es asegurar que los fondos adicionales se canalicen como corresponde y que no sean manejados y direccionados al antojo de unos cuantos, para provecho de los que ellos designen. En un Estado de derecho todos los ingresos y gastos públicos, sin excepción, deben estar previamente presupuestados y ser distribuidos conforme a las necesidades y prioridades aprobadas con la participación de todas las fuerzas políticas. Las binacionales históricamente han sido el grifo por el cual quienes detentan el poder se saltan olímpicamente este principio elemental del Derecho Administrativo. Esto no puede seguir ocurriendo. Este es un dinero de todos los paraguayos, no de una facción o de unos administradores ocasionales, ni siquiera de un Gobierno.