La violencia, el desplazamiento masivo y la falta de alimentos persisten en Rakáin, donde permanecen comunidades rohinyás pese al éxodo de cientos de miles fuera del país tras la campaña contra ellos de 2017, investigada como posible genocidio por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
"Tanto el Ejército de Arakán como las fuerzas armadas están dirigiendo sus ataques contra los rohinyás, contraviniendo las órdenes dadas por la CIJ en las que se requería que Birmania (Myanmar) evitara actos genocidas contra ellos", alertó la subsecretaria de derechos humanos de la ONU, Ilze Brands Kehris.
En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló que el ejército birmano ha sometido a los rohinyás a detenciones arbitrarias, trabajos forzados y maltrato, además de a reclutamiento a la fuerza que ha afectado al menos a 5.000 personas.
Similares abusos se han denunciado en zonas de Rakáin controladas por las milicias de Arakán, donde se han confiscado tierras y propiedades a los rohinyás y se han construido sobre ellas viviendas para otras comunidades, denunció Brands Kehris.
La subsecretaria de derechos humanos también denunció que ambos bandos continúan bloqueando la ayuda humanitaria a Rakáin, lo que en el norte y el centro del estado provoca que el nivel de seguridad alimentaria esté ya pronto a su nivel más agudo, considerado "catastrófico o de hambruna" por las agencias internacionales.
"Hay trágicas denuncias en el centro del estado sobre matrimonios infantiles, suicidios y mujeres que recurren al trabajo sexual para sostener a sus familias a causa del hambre", señaló la responsable de Naciones Unidas.
La situación de los rohinyás se enmarca en una crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta a todo el país, especialmente en los cinco últimos años transcurridos desde el golpe militar, recordó.
Desde la toma del poder por la Junta en 2021, al menos 7.700 civiles han sido asesinados, entre ellos un millar de niños, mientras que unos 30.000 opositores han sido detenidos y persisten los bombardeos contra civiles, que sólo en 2025 causaron la muerte de al menos 982 personas, recordó Brands Kehris.
"La comunidad internacional debe actuar de urgencia y seguir presionando a las autoridades militares con el fin de que pongan fin a su represión, emprendiendo una vía hacia la democracia y la paz", subrayó.