La sesión de este viernes puso fin a una semana de alegatos iniciados el lunes, en una audiencia rechazada por el acusado, quien se negó a estar presente alegando una salud deteriorada, edad avanzada y falta de jurisdicción de la CPI.
Sin embargo, un panel médico independiente concluyó a mediados de mes que estaba en condiciones de participar en esa fase preliminar. Si el caso va a juicio, se podrán pedir nuevas pruebas médicas si lo requiere la defensa.
La acusación situó a Duterte, de 80 años, “en el corazón” de un plan de asesinatos como alcalde de Davao y presidente de Filipinas, y la defensa denunció persecución política por parte del actual mandatario filipino, Ferdinand Marcos Jr.
Los jueces disponen ahora de hasta 60 días para decidir si ven pruebas suficientes en manos de la Fiscalía para considerar que Duterte cometió los crímenes imputados y enviarlo a juicio.
Los magistrados también podrían decidir que la prueba es insuficiente y poner fin al procedimiento o, como tercera posibilidad, solicitar a la Fiscalía que presente pruebas adicionales, lleve a cabo nuevas investigaciones o modifique algún cargo.
La Fiscalía sostuvo que existen “fundamentos sustanciales” para creer que el expresidente es responsable de al menos 76 asesinatos y dos tentativas de asesinato como crímenes de lesa humanidad.
Según el fiscal Julian Nicholls, Duterte “dirigió un escuadrón de la muerte en Davao que él creó, lo dirigió durante más de 20 años antes de convertirse en presidente. Su promesa fue matar a miles y lo hizo”.
Añadió que Duterte “está orgulloso de sus asesinatos, quiere ser recordado por ellos” y que “afirma que lo hizo todo por su país”, por lo que “debe responder. Las víctimas lo exigen. La justicia lo exige”.
Además, explicó que Duterte trasladó a colaboradores desde Davao a Manila y los nombró altos cargos, incluidos responsables de la Policía y la Justicia, como parte de una estructura que, según la acusación, permitió la comisión de asesinatos.
La Fiscalía acusa a Duterte de tres cargos de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, basados en 49 incidentes con 76 víctimas mortales, considerados representativos de una campaña más amplia que afectó a los sectores más pobres de la población y causó miles de muertos entre 2011 y 2019 en Filipinas.
La defensa, encabezada por el letrado israelí Nicholas Kaufman, insistió en que no existe prueba directa que vincule a su cliente con las 78 victimas incluidas en los cargos y calificó el principal ejemplo presentado por la acusación como un “puro testimonio de oídas”.
Kaufman reclamó a la Sala que no confirme los cargos: “Les pido que permitan que Rodrigo Duterte regrese a Filipinas, no para gobernar, sino simplemente para vivir el resto de sus días en paz”.
En un relato personal sobre las visitas del abogado al centro de detención de la CPI, donde se encuentra detenido Duterte desde marzo del año pasado, aseguró que este le preguntó: “¡¿Cómo dice la Fiscalía que hice esto?!” y que reiteró: “Nunca he asesinado a nadie”.
“He cumplido con mi deber y he dejado mi legado. Vaya al tribunal y haga su trabajo. Yo ya no puedo ayudarle. No recuerdo mucho”, citó el abogado que le dijo Duterte, y añadió que su cliente ha aceptado la posibilidad de “morir en prisión”.
En respuesta, Nicholls pidió a los jueces que no otorguen “ningún peso” a las declaraciones transmitidas por la defensa en nombre de Duterte y subrayó que si el acusado quiere dirigirse al tribunal, debe hacerlo personalmente.
Por su parte, un representante legal de las víctimas, Gilbert Andres, afirmó que escuchar a la defensa pedir que se ignore el carácter “generalizado y sistemático” de la política de Duterte es “como si sus seres queridos asesinados estuvieran siendo asesinados de nuevo”.
En su conclusión, existe prueba suficiente para establecer “fundamentos sustanciales para creer” que Duterte “cometió cada uno de los crímenes imputados” y pidió que todos los cargos sean confirmados y el caso pase a juicio.