"El caso de Tempe (donde sucedió el siniestro) no fue un momento desafortunado, sino la expresión de una política que, ante el lucro, no valora la vida humana y propicia y encubre crímenes", señaló la Asociación de Familiares de Víctimas en su llamamiento a la protesta que se celebrará este sábado en Atenas.
En total, se han convocado movilizaciones en más de cien ciudades por parte de partidos de izquierda y asociaciones de estudiantes y trabajadores.
A estas protestas se une la huelga de 24 horas convocada por el principal sindicato del sector público, ADEDY, a la que se sumarán marineros, maquinistas y agricultores y los trabajadores en el transporte público de Atenas.
El próximo 23 de marzo comienza el juicio por "homicidio negligente" y otros delitos, con penas de hasta cadena perpetua, contra 33 personas, entre ellos altos cargos y un expresidente de la empresa estatal de Ferrocarriles de Grecia (OSE), de la operadora privada Hellenic Train y dos exsecretarios del ministerio de Transportes.
La tragedia se produjo cuando un jefe de estación colocó por error un tren de pasajeros en la misma vía por la que circulaba en dirección contraria un convoy de carga. Los dos convoyes colisionaron y se produjo una gran explosión cuyas causas exactas todavía no se han aclarado.
El primer ministro, el conservador Kiriakos Mitsotakis, reconoció un día después del choque que en el tramo donde se produjo el accidente no existían los sistemas de seguridad automatizados que podrían haber evitado la colisión y llegó a pedir perdón a la población.
El entonces ministro de Transportes dimitió horas después del accidente.
Pese a las acusaciones de negligencia, Mitsotakis y su partido Nueva Democracia ganaron con comodidad las elecciones celebradas tres meses después del accidente e incluso con mayoría absoluta la repetición celebrada un mes después.
"Estamos aquí, tres años después, por la justicia y la verdad, enfrentándonos a quienes deberían estar de nuestro lado, jueces y fiscales que quieren encubrir el caso", señaló el pasado martes Zoe Konstantopulu, presidenta del partido izquierdista PE y abogada de un familiar de las víctimas.
Konstantopulu denunció así que la Fiscalía que lleva el caso denegara que restos exhumados de siete víctimas sean trasladados a laboratorios en el extranjero para realizarles exámenes toxicológicos e histológicos, como solicitaban sus allegados.
El accidente y su gestión han minado la confianza de los griegos en el sistema judicial.
Un sondeo de finales de 2025 mostró que el 72 % de los griegos tiene la convicción de que no se hará justicia y de que los responsables del accidente no serán castigados.