Titulado "El impacto de la digitalización en la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas jóvenes en Iberoamérica", el estudio asegura que la salud mental juvenil constituye "un indicador estratégico de la calidad del ecosistema digital" y, por extensión, de "la calidad democrática de la transformación tecnológica".
El estudio se ha realizado en el contexto político e institucional abierto por la adopción de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales (CIPDED) en 2023.
La CIPDED reconoce expresamente la necesidad de garantizar entornos digitales seguros, proteger datos personales, asegurar transparencia algorítmica y ofrecer salvaguardas reforzadas para niñas, niños y adolescentes.
Su implementación efectiva exige abordar una dimensión que, hasta ahora, ha sido tratada de manera fragmentaria, según el documento: la salud mental juvenil como variable estructural de la transformación digital.
La salud mental juvenil "rara vez aparece integrada en las estrategias digitales", la conexión entre ambos campos está "débilmente institucionalizada" y eso constituye una brecha "relevante".
El documento indica que, para incorporar la salud mental juvenil como dimensión estructural de la gobernanza digital iberoamericana, se necesitan un diagnóstico normativo, la identificación de buenas prácticas y la incorporación de voces juveniles.
Algunos países iberoamericanos ya han comenzado a incorporar el concepto de bienestar digital en sus agendas públicas, según el estudio.
En ellos se observan protocolos contra la violencia digital con enfoque en salud mental, programas de alfabetización digital socioemocional y participación juvenil en el diseño de políticas digitales.
Pero todavía existen muchas asimetrías y brechas en este aspecto: la conectividad rural y urbana aún es insuficiente en muchos lugares, hay desigualdades socioeconómicas y pocos profesionales especializados en salud mental, por lo que "el panorama regional no es homogéneo" todavía, afirma el documento.
Sostiene además que, mientras las empresas tecnológicas operan transnacionalmente, los Estados ejercen competencias limitadas, lo que conlleva una fragmentación que provoca una protección insuficiente de derechos y niveles desiguales de protección del bienestar digital juvenil.
Por ello, las instituciones y los gobiernos poseen un papel "central" en este sentido, pues deben, según el documento, coordinar sectores, producir y analizar datos, regular plataformas tecnológicas y generar mecanismos de participación juvenil.
El documento concluye que la región no parte de cero, pero tampoco cuenta con una arquitectura consolidada de bienestar digital juvenil.