La crisis en la USAC trasciende el ámbito académico, debido a su enorme peso constitucional en el país, ya que al ser la única universidad pública de Guatemala juega un rol fundamental en las llamadas "elecciones de segundo grado".
Este mecanismo faculta a la institución para designar de forma directa a representantes clave en las altas cortes y entes de control, tales como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y la Contraloría General de Cuentas, cargos que este 2026 han sido renovados y otros están en proceso.
La toma de posesión de Mazariegos se materializó hoy, a través de una sesión virtual del Consejo Superior Universitario, mientras en los accesos al campus central se registraban fuertes disturbios y enfrentamientos entre grupos estudiantiles opositores y afines al funcionario.
La Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala fue creada y desplegada a finales de 2025, por solicitud expresa del Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo de León.
El Ejecutivo solicitó el acompañamiento de la OEA debido a la preocupación que existía en torno a los procesos de renovación de las altas cortes y entes de control, con el fin de blindar los procesos de injerencias externas, corrupción o intentos de socavar el orden constitucional por parte de operadores del sector judicial.
La OEA recordó que el proceso de reelección de Mazariegos ha estado acompañado de exclusiones arbitrarias de votantes, acciones judiciales pendientes y la existencia de denuncias penales que erosionan la confianza pública.
"La asunción del cargo no cierra una controversia institucional no resuelta, ni puede interpretarse como una convalidación automática de un proceso cuya integridad continúa siendo seriamente cuestionada por amplios sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad guatemalteca", sentenció la Misión Especial de la OEA en un comunicado.
La OEA hizo un llamado urgente a las autoridades judiciales y de control del país centroamericano para que resuelvan con independencia las acciones legales pendientes, tras recalcar que las consecuencias jurídicas de las irregularidades denunciadas no quedan saneadas por el simple hecho de una nueva asunción al cargo de rector.