Reforma agraria como negocio productivo

Un país como el nuestro debería encarar la reforma agraria como desarrollo rural integral, que genere un negocio productivo para los campesinos que quieren trabajar, para los actuales propietarios de tierras, y para el país en general.

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La demanda internacional para alimentos orgánicos y biocombustibles y la escasez creciente de tierras productivas determinan las posibilidades de desarrollo que ofrece nuestro Cono Sur. Dentro de este contexto, es un hecho que las fértiles tierras del Paraguay, así como su clima y localización geográfica, están en condiciones de posibilitar el desarrollo productivo de los asentamientos campesinos, con gran aumento de la producción agrícola, ganadera y forestal, con la generación de los puestos de trabajo y bienestar que demanda la población.
Falta la decisión política para encarar inmediatamente la organización integral de todos los asentamientos campesinos ya existentes, y el diseño e implementación de un nuevo modelo de asentamientos. El Gobierno no tiene una propuesta concreta para la solución integral y duradera del problema campesino, y su representación en el Parlamento propone un proyecto de ley para intentar aumentar la recaudación impositiva, gravando la producción agrícola, medida que por sí sola no resolverá el problema.

TEORÍA DEL GOBIERNO
Según la teoría del Gobierno, con los ingresos adicionales que recibiría el Ministerio de Hacienda, se procedería a la compra de tierras que los propietarios estarían dispuestos a vender, y esas tierras serían entregadas a los "campesinos sin tierra", y así el problema dejaría de existir. A mi juicio, con la propuesta actual del Gobierno solamente; no se solucionará duraderamente el problema, por dos razones fundamentales:
Primera: Si bien a corto plazo se aumentarían las recaudaciones del fisco, eventualmente esas recaudaciones se podrían utilizar en la compra de tierras (si es que hay vendedores de tierras: nadie sabe predecir dónde, y si es que realmente se aplicarán esas recaudaciones para el pago de esas compras de tierras). Vale decir, no hay una certeza de que se utilizarán los recursos en la compra de tierras, y no hay certeza de si habrá tierras disponibles para comprar y que estas sean aptas para entregar a los agricultores que las puedan aprovechar.
Segunda: Al no existir una política de Estado con un modelo concreto de creación de asentamientos planificados integralmente y que posibiliten una producción rentable, la eventual disponibilidad de tierras que provendría de las compras posibilitadas por mayores recaudaciones solo permitiría al Gobierno entregar tierras a los "sin tierra", continuando con el mismo esquema ya fracasado de repartir lotes aislados de 10 ha de superficie.
Esos lotes con pequeñas superficies trabajadas en forma aislada y tradicional no permiten alcanzar escalas de producción rentable. Además, está claro que los adjudicatarios de las pequeñas parcelas en forma aislada no podrán recibir la infraestructura básica de apoyo que necesitan, porque no hay ningún plan concreto de desarrollo rural, y porque es prácticamente imposible llevar los servicios de agua, luz, comunicaciones, educación y salud a las viviendas que se instalan en cada una de las parcelas en forma aislada y sin ninguna planificación.
Está también comprobado que con estos parcelamientos de tierras en pequeñas superficies se depredan los recursos naturales, puesto que generalmente se talan todos los bosques y el ambiente en general resulta completamente degradado. Con esta propuesta de solución, se logrará eventualmente una pequeña tregua momentánea con algunas organizaciones campesinas y algún rédito político a corto plazo, y recursos adicionales en el Ministerio de Hacienda.
El resultado previsible de esta nueva acción volverá a ser el mismo que se observa actualmente: Los campesinos que no alcanzan escalas rentables de producción no podrán arraigarse en el sector rural y se verán obligados a vender sus parcelas. El comprador de las parcelas vendidas por los campesinos volverá a ser un vecino con propiedades mayores capaz de alcanzar escalas rentables de producción, quien a su vez volverá a aumentar la superficie de sus tierras.
Los recursos naturales volverán a ser depredados como consecuencia del parcelamiento no planificado de las tierras. El que vende su parcela tratará de empezar algún pequeño negocio, y luego, al no conseguir afianzar sus ingresos, volverá a engrosar el gran número de subocupados o desocupados que existe en el país, principalmente en los alrededores de las ciudades. En conclusión: no se resolvería el problema de los campesinos sin tierra ni tampoco el de los empresarios propietarios. El país en general seguiría con problemas, porque continuaría la inestabilidad social y no aumentaría la producción. Solo aumentaría la recaudación del fisco, que seguramente aumentaría su personal administrativo en detrimento de la rentabilidad de las empresas rurales.

POSIBLE SOLUCIÓN
La solución del problema del sector rural se podrá alcanzar solo con nuevas propuestas, y a través del aumento y la diversificación de la producción, y debería encararse inmediatamente por dos vías paralelas:
Reorganizando el Indert, optimizando posibilidades actuales de organizar los asentamientos rurales ya existentes. Verificar y actualizar o modificar el funcionamiento de todas las instituciones y mecanismos necesarios para tornar productivos a esos asentamientos: cedulación de personas, titulación de tierras, capacitación, dotación de infraestructura, extensión agrícola, ganadera y forestal, creación de cooperativas, comercialización de productos.
Creación de una nueva institución: para diseño y ejecución de nuevo modelo de asentamientos, creando nuevas instituciones y mecanismos para fomentar el desarrollo rural, con política de Estado que contemple la concertación con todos los involucrados. Organizar asentamientos urbano-rurales debidamente planificados con toda la infraestructura necesaria, como unidades de producción de carácter permanente, donde sus tierras no puedan volver a venderse en forma de lotes.

(*) Miembro Conaderna y Vicepresidente de la Mesa Forestal Nacional (MFN).
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