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La imposición a Juan Alberto González Meyer de la implementación de la "reingeniería financiera" para el pago de la deuda de Petropar con PDVSA fue el detonante de su renuncia hasta ahora no aceptada del titular de la petrolera estatal.
Las negociaciones, manejadas sigilosamente, consisten en adquirir bonos venezolanos a precios reducidos con relación a su valor nominal y utilizarlos para pagar la deuda de Petropar con PDVSA con una quita interesante.
El monto de la negociación es de unos US$ 284 millones, mientras que el valor de mercado que se maneja para los bonos venezolanos que serían adquiridos rondaría el 79 por ciento de su valor facial.
La negativa del "renunciante" presidente a avalar el operativo financiero con su firma se debe al temor a una eventual futura imputación penal, que se podría sumar a las acciones que ya soporta en Tribunales.
De acuerdo con fuentes fidedignas, el tema le fue impuesto por el primer anillo presidencial, que estaría especulando con reeditar el denominado caso Finelly (que se detalla en el material adjunto), en el que se inflaron los costos de adquisición de los certificados financieros (o bonos) usados para un acuerdo similar.
Hay que recordar que fue precisamente Miguel Angel López Perito quien viajó a Venezuela para negociar el caso, cuando que lo lógico hubiera sido que fueran ministros del ramo (como ser de Industria y Comercio o de Hacienda).
Las sospechosas y oscuras negociaciones, así como la forma de eludir un posible control parlamentario del caso (el presupuesto de Petropar debe pasar y ser aprobado por el Congreso) fueron los factores que despertaron los temores de González Meyer.
Además, la participación del mismo intermediario del Caso Finelly, César Addario Bentron, fue otro factor sospechoso de la reedición de un negociado financiero como el caso Finelly.
Cabe también señalar que el actual asesor jurídico de Petropar. Adolfo Ferreiro, fue uno de los abogados de Addario Bentron en casos judiciales, lo que constituiría otra conexión a considerar con el pasado operativo.
Rumores que corren indican que estarían en juego unos US$ 15 millones, que se disimularían entre los costos del operativo.
Según los planes originales, el acuerdo debió cerrase el 30 de junio, el próximo jueves, para permitir que los balances reflejen cifras favorables para el segundo semestre de 2011.
Las negociaciones, manejadas sigilosamente, consisten en adquirir bonos venezolanos a precios reducidos con relación a su valor nominal y utilizarlos para pagar la deuda de Petropar con PDVSA con una quita interesante.
El monto de la negociación es de unos US$ 284 millones, mientras que el valor de mercado que se maneja para los bonos venezolanos que serían adquiridos rondaría el 79 por ciento de su valor facial.
La negativa del "renunciante" presidente a avalar el operativo financiero con su firma se debe al temor a una eventual futura imputación penal, que se podría sumar a las acciones que ya soporta en Tribunales.
De acuerdo con fuentes fidedignas, el tema le fue impuesto por el primer anillo presidencial, que estaría especulando con reeditar el denominado caso Finelly (que se detalla en el material adjunto), en el que se inflaron los costos de adquisición de los certificados financieros (o bonos) usados para un acuerdo similar.
Hay que recordar que fue precisamente Miguel Angel López Perito quien viajó a Venezuela para negociar el caso, cuando que lo lógico hubiera sido que fueran ministros del ramo (como ser de Industria y Comercio o de Hacienda).
Las sospechosas y oscuras negociaciones, así como la forma de eludir un posible control parlamentario del caso (el presupuesto de Petropar debe pasar y ser aprobado por el Congreso) fueron los factores que despertaron los temores de González Meyer.
Además, la participación del mismo intermediario del Caso Finelly, César Addario Bentron, fue otro factor sospechoso de la reedición de un negociado financiero como el caso Finelly.
Cabe también señalar que el actual asesor jurídico de Petropar. Adolfo Ferreiro, fue uno de los abogados de Addario Bentron en casos judiciales, lo que constituiría otra conexión a considerar con el pasado operativo.
Rumores que corren indican que estarían en juego unos US$ 15 millones, que se disimularían entre los costos del operativo.
Según los planes originales, el acuerdo debió cerrase el 30 de junio, el próximo jueves, para permitir que los balances reflejen cifras favorables para el segundo semestre de 2011.