PGN 2024: Bicameral rechazó aumentos salariales, pero aprobó más recursos para partidos políticos

Al inicio de la sesión de la referida comisión bicameral, presidida por el senador Derlis Osorio (ANR), se informó a los miembros los recortes aplicados al proyecto de presupuesto de G. 275.300 millones (US$ 37 millones) y de la propuesta de redistribución a diferentes instituciones que habían solicitado más recursos.

El recorte incluyó G. 15.000 millones (US$ 2 millones) que estaban destinados al incremento salarial del presidente de la República, Santiago Peña; del vicepresidente de la República, Pedro Alliana; 28 ministros, 39 viceministros y 26 directores generales y 125 parlamentarios.

La eliminación de los aumentos fue aprobada, ya que previamente hubo acuerdo tras las críticas surgidas en torno a esta medida solicitada por el Ejecutivo, a través del proyecto inicial presentado al Congreso y la adenda entregada posteriormente a la bicameral.

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El dictamen de la comisión bicameral será elevado a la Cámara de Diputados, que dentro de la primera quincena de noviembre deberá decidir sobre el tema; y luego pasará a la Cámara de Senadores.

La recomendación de la bicameral es una referencia que tienen los legisladores en el momento del estudio del proyecto de ley, pero es apenas un primer paso ya que las cámaras del Congreso tienen la atribución de aceptar o modificar a propuesta de cualquiera de sus integrante. Por ejemplo, en la sesión se volvió a hablar de que el oficialismo apuntaría a que el PGN 2024 se apruebe a libro cerrado y si esto se confirma en Diputados, los aumentos para el presidente y su gabinete podrían ser aprobados.

Peña primero justificó y luego habló de extorsión

La decisión de rechazar las subas para el Ejecutivo y parlamentarios se tomó luego de que el presidente Peña declarara en la noche del domingo último, que su pedido a favor de los legisladores se dio tras una “extorsión” ejecutada por los propios congresistas de su partido y de la oposición, aunque no dio nombres.

Hace cuatro días atrás, sin embargo, tras su regreso de los Estados Unidos había justificado el pedido argumentando que hace 10 años no tienen un reajuste salarial y que era muy importante que tuvieran “un pequeño reajuste” para recuperar el poder adquisitivo.

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El propio presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-cartista), defendió y justificó la propuesta oficial, señalando que es una estrategia de Peña para que las personas sean bien remuneradas y menos vulnerable ante la corrupción.

A esto se sumó también el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-cartista), que en igual sentido dijo que los aumentos previstos para el presidente, ministros y legisladores podrían evitar que los altos funcionarios y congresistas recurran a actos de corrupción. Ayer, ambos cambiaron de opinión y pidieron que se dejen sin efecto los pedidos.

Asignan más recursos para los partidos políticos

Dentro de esta discusión salarial que dominó el estudio del PGN en esta última etapa, la bicameral aprobó aumentar en G. 15.000 millones (US$ 2 millones) el aporte para los partidos políticos que corresponde al año 2020, cuando por motivos de la pandemia no fueron transferidos, según dijeron.

El monto se suma a los G. 55.880 millones que están previstos en el proyecto de PGN para el año venidero, en concepto de aporte y subsidio.

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Argumentaron a favor de dar más recursos a los partidos la senadora Celeste Amarilla (PLRA) y la diputada Johanna Ortega (País Solidario), en tanto expresaron su oposición los senadores colorados Javier Zacarías Irún, Antonio Barrios y el liberal cartista Dionisio Amarilla.

Los técnicos de la bicameral explicaron que en 2020 se dejaron de transferir G. 35.000 millones a los partidos, pero que la propuesta de la bicameral era establecer la devolución de G. 30.000 millones en dos cuotas: la primera de G. 15.000 millones el próximo año y al siguiente ejercicio la segunda también de G. 15.000 millones.

Pago de indemnización, construcciones y cargos

La redistribución de los fondos recortados al proyecto de presupuesto también benefició al Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, y al Ministerio de la Mujer; mientras que al Ministerio de Desarrollo Social se le otorgó G. 41.000 millones para pagar la segunda cuota por inmuebles que fueron expropiados, que en principio fue cuestionado por algunos legisladores.

Se mencionó igualmente que los pedidos de aumento salarial planteados por la Corte Suprema de Justicia no fueron incluidos, pero se le otorgó unos G. 92.000 millones para construcciones de sedes en ejecución y otros gastos; al Ministerio Público se le asignó G. 10.000 millones más por una ampliación aprobada este año y al Ministerio de la Defensa Pública G. 10.000 millones para construcción y creación de 6 unidades de defensoría.

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La Contraloría General de la República igualmente fue beneficiada con G. 14.000 millones para compra de inmuebles y creación de 20 cargos de auditores.

A los gobiernos departamentales se les aumentó de 1,8% a 3% la participación por la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA), unos G. 110.000 millones más; también se le concedió G. 25.000 millones a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y G. 27.000 millones para las universidades del interior; en tanto que unos G. 7.500 millones para las ONG, de tal modo a mantener en el presupuesto a las 30 que fueron excluidas por el Ejecutivo.