“Reformas deben imponerse al clientelismo y prebendarismo”

–¿Cuál es su análisis sobre los 100 días del gobierno del presidente Santiago Peña?

–El presidente Peña arrancó su gobierno con una holgada doble mayoría parlamentaria, una situación privilegiada que, lamentablemente, desperdició. Juega con el arco libre y el árbitro a su favor para avanzar en las urgentes reformas estructurales que necesita la economía, sin embargo, él desperdició esa ventaja.

Se dedicó, por un lado, a viajar mucho tiempo para anunciar “el despertar de un gigante” y, por otro lado, pareciera que sigue en campaña electoral. Se olvida de que tiene su hoja de ruta: cumplir las condicionalidades del acuerdo de Instrumentos de Coordinación de Políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), vigente hasta el 2024. Y los objetivos son explícitos: asegurar la estabilidad y resiliencia macroeconómicas, impulsar las reformas del sector público y mejorar la protección social e incorporar a los trabajadores informales a la economía.

Peña no mostró autonomía de su mentor político y presidente de su partido (Horacio Cartes). El comando político del movimiento HC, en la práctica reemplaza o quizás compite con su gabinete de ministros. Además, muchas decisiones tomadas por Peña fueron revertidas, como el intento de derogar el acuerdo con la Unión Europea, que finalmente quedó demostrado que fue simplemente una consigna de campaña; la reposición de los profesionales que ingresaron por concurso a Itaipú; la crisis de la cárcel de Tacumbú, que realmente fue lamentable; negociar con el Clan Rotela, el administrador de la penitenciaría, y el ministro de Justicia, quien debería ser el fusible si sigue en su cargo, porque el presidente no tiene plenamente la lapicera. Con viento a favor, la figura de Peña está prematuramente desgastada, es una lástima para nuestro país.

–¿Qué expectativa tenía en el ámbito económico y político?

–El equipo económico de Peña tiene oficio y mi expectativa era alta. Primero, tuvo suficiente tiempo entre las elecciones y la toma de posesión de cargo para elaborar la estrategia de corto y mediano plazo; segundo, conocía la hoja de ruta del acuerdo con el FMI, las informaciones entregadas por el gobierno saliente, como asimismo las organizaciones de la sociedad civil y la prensa, insistían en la urgencia de los cambios estructurales. Todos conocíamos que las tareas inmediatas eran: 1) la reforma de la Caja Fiscal; 2) la reforma del servicio civil; 3) la creación de la Superintendencia de Pensiones; 4) la reforma de la organización administrativa del Estado, que tiene 17 ministerios y 23 secretarías de Estado; 5) las reglas fiscales 2.0 para controlar el aumento del déficit fiscal y del coeficiente de la deuda pública y, sobre todo; 6) acciones concretas para saldar la gran deuda social con la gran mayoría de los sectores vulnerables urbanos y rurales, por los dos años de recesión, pandemia, pérdida de empleos y de la capacidad adquisitiva; por aumento de la inflación y de la canasta básica de consumo de los pobres.

La verdad, estoy sorprendido que el Gobierno prácticamente no haya avanzado en estos temas económicos y sociales. Curiosamente, priorizó la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta ahora sin carta orgánica, y la creación de otro órgano autónomo y autárquico, como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, tras la fusión de Aduanas con Tributación. Ambas instituciones sancionadas a tambor batiente, sin discusiones por la doble mayoría parlamentaria “reforzada” (parlamentarios opositores cartistas).

–¿Los aciertos?

–La reducción de los precios de combustibles, que benefició a una parte de la población con autos y motos, pero una mayoría que usa transportes públicos no fue beneficiada. Siguen sufriendo las reguladas y la extrema inseguridad por los asaltos.

Otra medida acertada ha sido la integración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con miembros investigadores, el nombramiento del presidente de la entidad con credenciales académicas y la designación del asesor científico de la presidencia, una personalidad con prestigio internacional.

Obviamente, el manejo de la política monetaria sigue manteniendo su prestigio y recuperando la meta de inflación y buen manejo del tipo de cambio.

–¿Los errores?

–El nuevo Gobierno hasta ahora ha descuidado las políticas sociales en una coyuntura económica muy adversa. La pobreza en torno al 25 por ciento y los sectores vulnerables cargan una pesada mochila como consecuencia de la pandemia. La estimación de su efecto es por lo menos equivalente a un retroceso de un quinquenio y con algunas secuelas irreversibles como por ejemplo, muertes, orfandad, deserciones escolares.

La atención a la salud, tales como insumos, medicamentos, equipamientos, personal, de parte de este gobierno, ha sido lamentable. El personal de blanco, a través de los medios de comunicación, denuncian la poca atención del Gobierno. La gente pide auxilio por la falta de medicamentos e insumos.

La educación debería ser laica y responder a las orientaciones científicas y profesionales. Están bajo riesgos los niños por la influencia de grupos religiosos negacionistas, principalmente evangélicos, que trata de imponer sus prejuicios que afectarían la formación de los niños y niñas.

–¿Qué decisión se debería haber tomado en esta etapa?

–Como ya mencioné, la postergación de las reformas estructurales, que no son exclusivamente técnicos, corresponde a la economía política de diálogos, debates y negociaciones. El equipo económico debe asumir su rol en estos temas, recordar que el bien común está sobre los intereses sectoriales, las reformas deben imponerse al clientelismo y prebendarismo del partido de gobierno; el intento de modificar la ley de la puerta giratoria o tráfico de influencias es una prueba de la falta de ética en el sector público.

Otro tema preocupante es la falta de información sobre la negociación del Tratado de Itaipú, principalmente del Anexo C. El temor es repetir la historia de hace 50 años, negociar entre gallos y medianoche, a espaldas de la ciudadanía; también la retaliación a la Argentina por el tema de cobro por la hidrovía, suspender la cesión del 50% de energía de Yacyretá al vecino fue un fiasco internacional. Nunca pudo cumplir el directorio paraguayo.

“Hay que cumplir con la regla fiscal”

El exministro Dionisio Borda sostuvo que la decisión del gobierno de Santiago Peña (ANR cartista), de extender el plan de convergencia al tope de déficit fiscal al 1,5% del PIB, perjudica nuestra credibilidad como país, ya que el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez (ANR) se comprometió a volver al límite en 2024 y la administración actual extendió al año 2026, con tasas más altas para los tres años previos, como son los años 2023, 2024 y 2025.

“La regla de responsabilidad fiscal es nueva, y no debiéramos incumplirla”, señaló a ABC el exministro, que en su primera gestión, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (ANR), sacó al país de una cesación selectiva de pagos y llevó a cabo las primeras reformas del Estado.

Deuda pública

En cuanto a la deuda pública, Borda manifestó que estamos llegando al tope de nuestro nivel de endeudamiento, teniendo en cuenta nuestra baja capacidad de pago.

“No se trata de decir que el Paraguay tiene el coeficiente más bajo de endeudamiento, desacoplando de la baja presión tributaria, que es una de la más bajas de la región”, agregó.

A su criterio, el superpoder o el cheque en blanco (emitir bonos o préstamo) no se puede hacer a la espalda del Congreso, por lo que dijo no entender esta decisión cuando el gobierno de Peña tiene una doble mayoría parlamentaria. “Algunos abogados consideran inconstitucional”, insistió.

El exministro señaló que el acceso a los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI), de US$ 400 millones, está condicionado al cuidado del medio ambiente y proteger los bosques. “No es un cheque en blanco. La deforestación es de 8 hectáreas cada hora, según el Infona”, insistió.

También criticó que en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2024, que está en discusión en el Congreso, se haya priorizado aumentos salariales para las principales autoridades del Ejecutivo y los parlamentarios, lo que calificó de lamentable. Además dijo que “lo peor del presupuesto consiste en la poca asignación para la inversión en capital humano, como en salud, educación, nutrición, agua potable, entre otros. Necesitamos triplicar para estar a nivel de la región”.

“No era necesario extender el plan de convergencia”

El exministro de Hacienda César Barreto también habló con ABC sobre dos temas principales en estos primeros 100 días de gobierno del presidente Santiago Peña, como son las reformas y las finanzas públicas, que incluyen la política fiscal y el presupuesto.

Con respecto al primer tema, dijo que se avanzó en algunas reformas menores y espera que esto sea el punto de partida de las importantes reformas que necesita el aparato estatal para mejorar la calidad del gasto público.

Explicó que la reforma tuvo un impulso inicial con la reestructuración del Ministerio de Hacienda para la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

“Con ello el MEF pasa a tener el rol de dirección y coordinación de la política económica del Gobierno y absorbe a la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública, que pasan a ser viceministerios, lo cual le permitirá una mayor incidencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos que, si es bien implementada, podría redundar en una mejor calidad del gasto público”, aseguró.

Por otro lado, manifestó que la salida de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y su fusión con la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), para la creación de la DNIT, es un cambio sustancial con resultados inciertos. “Lo veremos en unos años si esta autonomía ha logrado mejorar el control tributario o no”, refirió.

Barreto añadió que hace unos días el Poder Ejecutivo anunció el acuerdo con líderes sindicales y empresariales para enviar al Congreso el proyecto de ley de regulación de la inversión de fondos previsionales y la creación de la superintendencia de jubilaciones. “Es un paso inicial dentro del necesario proceso de reforma del sistema de jubilaciones del país, pero la débil gobernanza que resultó del acuerdo me generan dudas sobre su efectividad en avanzar en los siguientes pasos de las reformas”, indicó.

Un desorden en las finanzas públicas

En cuanto a las finanzas públicas, señaló que el gobierno de Peña recibe como herencia un desorden en las finanzas públicas, resultado de la pandemia y de una expansión del gasto público electoral.

“Uno de los desafíos más importantes del país es recuperar una política fiscal sostenible luego de la pandemia, para lo cual el gobierno anterior había determinado un plan de convergencia del déficit fiscal al tope fijado en la ley de responsabilidad fiscal. Sin embargo, el propio Mario Abdo Benítez (expresidente de la República) deja un déficit fiscal anualizado a agosto superior al 3,3% del PIB, cuando el tope fijado en el presupuesto del 2023 era del 2,3% del PIB y, al mismo tiempo, deja atrasos en pagos a proveedores por alrededor de US$ 600 millones”, consideró.

El exministro argumentó que, ante esta realidad, el gobierno decidió no cumplir el plan de convergencia fiscal determinada por su antecesor y solicitó al Congreso una ampliación del déficit fiscal para el presupuesto del 2023 al 4,1% del PIB, así como también una autorización de endeudamiento adicional para el Estado por hasta US$ 600 millones y, además, reprogramar el plan de convergencia del déficit al tope del 1,5% del PIB fijado en la Ley N° 5098, de Responsabilidad Fiscal, hasta el año 2026, que inicialmente había sido fijado por su antecesor para el próximo año, 2024.

“La ampliación del déficit y la deuda adicional para este año es razonable para cumplir con los compromisos ya asumidos con proveedores, pero finalmente la emisión de bonos fue postergada para principios del 2024 y, consecuentemente, también los pagos de las deudas atrasadas con proveedores, quienes tienen gran parte de sus obras paradas o a un ritmo mínimo y muchos trabajadores han sido suspendidos temporalmente debido a la falta de liquidez”, refirió.

Dijo que, por otro lado, “la extensión del plazo de convergencia del déficit no era necesaria y conllevará una postergación de la mejora en la calificación de riesgo y el ansiado grado de inversión para el país hasta que se demuestre compromiso político con la ley de responsabilidad fiscal, un ancla muy importante para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas”, afirmó Barreto.