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El abogado Mauro Barreto, representante del dueño de la propiedad donde se encuentran las 150 viviendas invadidas, señaló como responsable de la ocupación irregular a Aída Molinas, asesora adjunta de la Municipalidad. El ingreso a las casas por presuntos adherentes del “Clan Zacarías” se produjo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado últimos.
La comuna es administrada por la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, esposa del asesor del presidente Horacio Cartes y líder del grupo político familiar, Javier Zacarías Irún.
El inmueble se encuentra en el Km 10 Acaray de Ciudad del Este. La construcción de las casas fue iniciada en 2012 por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) y las obras están paralizadas.
Aída Molinas es exempleada doméstica de McLeod de Zacarías y Javier Zacarías Irún. Actualmente, además de asesora adjunta de la comuna, es presidenta de la Seccional Colorada 14 y precandidata a diputada suplente de Justo Zacarías, hermano de Javier.
“Dijeron en una reunión que está todo arreglado, que el Ministerio de Interior no va a ordenar desalojo hasta diciembre y que van a pedir a la ANDE que instale medidores”, expresó en una entrevista a ABC Cardinal el abogado Mauro Barreto.
“Yo presenté la denuncia, hablé con el fiscal (Julio Yegros), todavía no movieron un solo dedo y saben que no van a mover porque acá el clan Zacarías maneja todo el Poder Judicial”, sostuvo.
Agregó que la denuncia es contra Sandra McLeod, Javier Zacarías Irún y Aída Molinas.
El fiscal Yegros dijo que en estos momentos hay una huelga de funcionarios del Ministerio Público y que por ello aún no recibió la carpeta fiscal. Añadió que, por ende, desconoce los pormenores del caso, aunque reconoció que ya habló con el abogado de la Senavitat y con Barreto.
El coordinador de Transparencia y Participación Ciudadana de la Senavitat, Adolf Sauer, señaló que la hipótesis que se maneja es que operadores políticos lideraron la invasión. Asimismo, advirtió en entrevista con ABC Cardinal que ya se realizó la denuncia al Ministerio Público y que solo aguardan la orden de desalojo.
“Para tranquilizar a las familias adjudicadas con las obras, es importante señalar que no vamos a permitir que estas personas que invadieron puedan postular para acceder a las viviendas porque quedarán con antecedentes judiciales”, destacó.
Estas obras están abandonadas desde 2012. Las viviendas no se pueden concluir debido al conflicto judicial entre la constructora Progreso SA, representada por Agustín Barreto Fidavel, y el dueño del terreno, Joaquín Idalín Paiva. La Senavitat ya pagó el 50% del dinero para la construcción de las casas, pero no puede proseguir la construcción, puesto que el terreno aún no está a nombre de la entidad, precisó Sauer.