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A un condenado a 4 años de prisión por desvío de G. 1.600 millones que jamás pisó la cárcel (Rodrigo Lezcano, exdirector de la Secretaría de Acción Social) es otra muestra más de la parsimonia con que actúa la fiscalía cuando de sancionar actos de corrupción se trata.
Así las cosas, tenemos a la fiscala Victoria Acuña, quien hizo tabla rasa de su propia acusación, para acompañar la suspensión condicional del procedimiento para el diputado José María Ibáñez por pagar a sus caseros con dinero estatal. La reciente aprehensión de funcionarios de menor rango implicados en pedidos de coima para jueces y ministros, tampoco evidencia una labor investigativa tendiente a llegar a los peces gordos.