Instan a defender la artesanía

El horno de barro negro (ñai’û) se convirtió en el centro de un conflicto entre el Colectivo de Mujeres Alfareras de Caaguazú, Itá; y el empresario Juan Ignacio Troche, de la firma Tatanonna, denunciado por presunta violación al derecho de autor. La Secretaría Nacional de Cultura y el Instituto Paraguayo de Artesanía subrayaron la importancia de defender las técnicas y prácticas tradicionales.

Vista del tatakua portátil elaborado por el Colectivo de Mujeres Alfareras de Caaguazú, Itá.
Vista del tatakua portátil elaborado por el Colectivo de Mujeres Alfareras de Caaguazú, Itá.

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Un festival de chipa pirú llevó al Colectivo de Mujeres Alfareras de Caaguazú, Itá; a desarrollar en 2017 un pequeño horno de barro portátil, según detalló su presidenta, Vicenta Rodríguez a ABC Color. Como el resultado fue positivo, el grupo conformado por 11 artesanas siguió elaborando este horno y comercializándolo a través de su cuenta de Instagram: @kambuchi_apo.

“Así nos íbamos trabajando superbien con las compañeras. El señor vio nuestro tatakua y se fue a otras artesanas, le hizo el pedido y le hicieron también”, relató Rodríguez.

Comentó que cuando vieron que esto estaba siendo comercializado en las redes sociales, optaron por no denunciarlo “porque hacían también las artesanas de la ciudad de Itá”. “Nosotros pensamos que venda por su lado y nosotras por nuestro lado. No le hicimos caso”, dijo.

En diciembre pasado, según detalló Rodríguez, recibió la llamada de una mujer que se identificó como la abogada de Juan Ignacio Troche. “Me preguntó ella si tengo registrado el tatakua portátil, yo le dije que sí. Por suerte hicimos esa gestión en Dinapi (Dirección Nacional de Propiedad Intelectual) y tenemos el papel de la autoría”, remarcó.

Sin embargo, en febrero pasado recibió un telegrama colacionado intimándole al “cese inmediato del uso y explotación indebida del modelo de horno tipo tatakua”, amenazando con recurrir a la justicia. Según detalló Rodríguez, esta notificación no solamente fue enviada a las artesanas, sino también a varios clientes con los que estaban trabajando.

“Estamos preocupados porque todo depende de nuestra venta. Somos 11 mamás que trabajamos”, añadió Rodríguez.

Agregó que, con el apoyo del Instituto Paraguayo de Artesanía y Dinapi, llevaron la denuncia al Ministerio Público. El caso está actualmente a cargo de la fiscal Carmen Gubetich de Cattoni, quien el viernes último llevó adelante allanamientos en las viviendas de dos artesanas que estarían fabricando los hornos para Troche.

“Lo incautado es a fin de corroborar la solicitud realizada por el mismo con el nombre de la supuesta firma comercial, porque supuestamente él tiene el registro, hecho que está siendo investigado y además, el hombre vende tres veces más caro el producto”, señaló la agente fiscal.

A través de su cuenta de Instagram @tatanonna.py, la firma señaló que el horno de barro “no es un utensilio nuevo ni inventado hace unos años acá en Paraguay”.

“No nos oponemos a que artesanos fabriquen hornos de barro, tampoco nuestra intención con los comunicados enviados fue la de que dejen de fabricar hornos de barro como siempre lo venían haciendo”, agrega el comunicado. Detalla además que el horno que comercializan incorporan un sistema de encendido eléctrico; y afirma que la gente de Kambuchi Apo comenzó “a hacer sus hornitos más parecidos a nuestro modelo”.

Cruce en Dinapi

María Digna González, directora de Asesoría jurídica del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), detalló a ABC que parte del conflicto surgió cuando Troche intentó patentar el horno como modelo industrial y, al recibir la consulta de Dinapi, explicaron que este horno artesanal ya estaba registrado en la sección de Derecho de Autor por el grupo Kambuchi Apo, que venía comercializando el tatakua desde hace algunos años.

También detalló que, a raíz de este conflicto, buscarán impulsar con Dinapi una campaña acerca del registro autoral entre artesanos. No obstante, detalló que al tratarse de saberes y prácticas colectivas, no todas las artesanías pueden ser objeto del registro autoral y, en este sentido, insistió en la importancia de resguardar estas prácticas culturales.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Cultura, a través de un comunicado, condenó “enérgicamente todo emprendimiento impulsado en detrimento de los derechos culturales de los artistas, garantizados por la Ley Nº 3051/06 Nacional de Cultura”.

Igualmente exhortó a la ciudadanía “a respetar y garantizar los derechos morales y económicos de la creación” y rechazó cualquier vinculación con “ninguna iniciativa que desconozca el proceso creativo de los artesanos, artistas u otros trabajadores de los diversos sectores culturales”.

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