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Al menos seis civiles murieron en una nueva serie de emboscadas y ataques en varias aldeas que los insurgentes llevaron a cabo el sábado, según el diario oficialista Global New Light of Myanmar.
Estos se suman a los al menos 89 muertos que hubo tras la primera oleada de ataques contra puestos policiales y militares del viernes, y que incluyen a 77 rebeldes, 10 policías, un guardia fronterizo y un soldado.
A ellos se añade, según informaron las autoridades de Bangladesh, otro supuesto rebelde rohinyá que murió en un hospital de éste segundo país, al que acudió con heridas de bala.
Varios centenares de rebeldes armados con machetes y explosivos de fabricación casera participaron en esta segunda jornada de incidentes, según el periódico birmano, que acusó a los atacantes de quemar decenas de casas, varias tiendas, mezquitas, y vehículos.
Las autoridades birmanas calificaron a los atacantes de “terroristas” y les acusaron de “socavar” los esfuerzos de paz en la zona con los ataques que tienen lugar en los municipios de Maungtaw, Buthidaung y Yathedaung, todos ellos en la frontera con Bangladesh.
El nuevo brote de violencia en Birmania ha hecho aumentar el número de rohinyás que intentan escapar hacia Bangladesh cruzando el río Naf, que hace de frontera natural entre los dos países.
El viernes, las autoridades de Dacca obligaron a retroceder de regreso a Birmania a 146 rohinyás, mientras que ayer los guardacostas interceptaron un bote con 56 miembros de esta minoría musulmana, a los que hicieron volver a territorio birmano.
La prensa bangladeshí aseguró además que soldados birmanos dispararon contra civiles rohinyá que intentaban huir en al menos dos puntos de la frontera.
Los ataques fueron reivindicados por el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA), grupo al que se atribuye una acción similar el pasado octubre que causó la muerte de nueve policías y desencadenó una operación de represalia del Ejército birmano.
La ONU y varias organizaciones condenaron esa campaña militar en la que denunciaron todo tipo de abusos contra la población civil, incluidos asesinatos, saqueos y violaciones, y que llevó a unos 74.000 rohinyá a huir a Bangladesh.
Más de un millón de rohinyá viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos de desplazados.
Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyá, sino que les considera inmigrantes ilegales bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.