Condenados a muerte en Indonesia viven sus últimas horas

BANGKOK. Un grupo de reos condenados a muerte por narcotráfico en Indonesia, entre ellos un brasileño, vive sus últimas horas antes de que las autoridades del país lleven a cabo las ejecuciones pese a las últimas peticiones de clemencia.

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El brasileño Rodrigo Gularte es uno de los diez presos que deberá afrontar el pelotón de ejecución en el penal de Nusakambangan, en Java central, donde se encuentra recluido junto a dos australianos, un francés, una filipina, tres nigerianos, un ghanés y un indonesio.

Este martes se cumple el plazo de 72 horas que la justicia indonesia había comunicado a los reos para que, a partir de entonces, empezasen las ejecuciones.

Las autoridades indonesias todavía no han fijado la hora de las ejecuciones pero se espera que el fiscal general Muhammad Prasetyo haga el anuncio a lo largo del día.

El portavoz de la fiscalía, Tony Spontana, dijo que los preparativos han sido completados “al 100 por cien” y que el pelotón de ejecución está preparado en el penal desde el sábado pero evitó fijar la fecha.

“Ya veremos. Pero parece que será esta semana porque los preparativos están al 100 por cien. Hay tiempo. El fiscal general hará el anuncio”, dijo Spontana según la televisión Metronews.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; el primer ministro de Australia, Tony Abbott; y los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff; y de Filipinas, Benigno Aquino, entre otros gobiernos y organizaciones internacionales, han pedido clemencia por los condenados.

El Gobierno indonesio de Joko Widodo, que en enero ejecutó a seis reos, ha rechazado hasta ahora todas las peticiones de clemencia, ha pedido que se respeten sus leyes y ha defendido el uso de la pena capital como medida disuasoria en la lucha contra el tráfico de drogas.

Además de Gularte los otros convictos son los australianos Andrew Chan y Myuran Sukumaran; el francés Serge Atresi Atlaoui; la filipinas Mary Jane Veloso; el ghanés Martin Anderson; el indonesio Zainal Abidin y los nigerianos Raheem Agbaje, Silvester Obiekwe Nwaolise y Okwudili Oyatanze.

En las últimas horas el Tribunal Constitucional ha aceptado escuchar el 12 de mayo una nueva apelación sobre el caso de los australianos pero el fiscal general indonesio advirtió con anterioridad que esto no afectaría el curso de las ejecuciones.

Chan y Sukumaran fueron condenados a muerte en 2006 como líderes de una banda de narcotraficantes llamada “Los 9 de Bali”, que intentó introducir en 2005 ocho kilos de heroína desde Bali en Australia.

Su abogado, Julian McMahon, dijo que “si somos realistas no quedan muchas esperanzas”, según la televisión ABC.

Andrew Chan aprovechó las últimas horas para casarse con su prometida Febyanti Herewila en una ceremonia en el penal en la que estuvo acompañado de varios familiares.

En el caso del brasileño Gularte, de cumplirse la sentencia será el segundo ciudadano de Brasil ejecutado en Indonesia tras el fusilamiento de Marco Archer Cardoso Moreira el pasado enero, también condenado a muerte por narcotráfico y por quien el Gobierno de Rousseff abogó sin éxito.

La justicia indonesia ha rechazado las peticiones de clemencia de la defensa de Gularte, que alegó que el brasileño no debería ser ejecutado porque padece de esquizofrenia.

También fue rechazado ayer el último recurso de Veloso, cuyos abogados pidieron el viernes la repetición del juicio a la filipina, madre soltera de dos niños, que fue juzgada sin disponer de traductor y a la que consideran víctima de tráfico de personas.

La pena de muerte en Indonesia se aplica a puerta cerrada con un pelotón de diez fusileros, salvo que ordene lo contrario el presidente del país.

Estas condenas a morir deberían haber empezado a cumplirse el pasado mes de febrero, pero las apelaciones y la presión internacional las han aplazado hasta la fecha.

Esta será la segunda ronda de ejecuciones que Indonesia llevará a cabo bajo la presidencia de Widodo, después de que en enero se ejecutara otros seis convictos.

Indonesia, que reanudó las ejecuciones en 2013 después de cinco años de tregua, tiene a 133 prisioneros en el corredor de la muerte, de los cuales 57 son por narcotráfico, dos por terrorismo y 74 por otros delitos.

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