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La exmandataria está acusada de recibir millonarios sobornos por parte de empresarios de la obra pública.
El magistrado decidió reforzar la acusación de varios de los ya imputados en el caso y en concreto, a la actual senadora le imputa delitos de cohecho pasivo en cinco ocasiones más de lo que ya constaba cuando la procesó con prisión preventiva en septiembre pasado como “jefa” de una asociación ilícita.
“Corresponde efectuar la aclaración que si bien en el resolutorio de fecha 17 de septiembre de 2018 se hizo referencia que la nombrada fue la destinataria de las entregas de dinero de fecha 21/7/10, 23/7/10, 30/7/10, 4/8/10 y 30/9/10, no se adoptó temperamento alguno en relación a las mismas”, señala Bonadio.
Este avance en la causa se conoce justo en una jornada de gran incertidumbre por la crisis económica que azota al país y cuando solo restan seis meses para las elecciones presidenciales, para las que Fernández todavía no ha confirmado si se postulará.
Aunque el juez volvió hoy a pedir que la ex jefa de Estado sea detenida, el dictamen recalca que esa orden solo se hará efectiva cuando el Senado apruebe su desafuero, aunque hasta ahora ningún pedido similar ha prosperado por la negativa del peronismo, que es mayoritario en la Cámara, de votar contra Fernández.
El juez también amplió el embargo dispuesto sobre los bienes de la expresidenta hasta cubrir la suma 80 millones de pesos (1,76 millones de dólares).
En su resolución de este jueves, Bonadio, que está al frente de la mayoría de las más de 10 causas en las que está procesada Fernández, reitera que durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) se puso en funcionamiento un “sistema de recaudación ilegal” que continuó durante la presidencia de Fernández, su esposa.
“Las constancias incorporadas dan cuenta de su participación en el sistema ilegal de recaudación llevado a cabo durante la presidencia de su cónyuge, como también su continuación hasta los últimos días de su gobierno”, señala el juez.
El caso surgió en agosto de 2018, después de que llegasen a la Justicia las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas durante más de una década por Oscar Centeno, chófer del antiguo ministro de Planificación Federal y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.
El conductor señalaba cómo presuntamente transportaba bolsos con millones de dólares procedentes de empresarios, para ser repartidos a los funcionarios implicados.
Ese material, según la investigación, apuntaba a la existencia de una “organización delictiva” conformada por funcionarios públicos comandados por Kirchner -fallecido en 2010-, su viuda y el exministro de Planificación, Julio De Vido, ya encarcelado.
Bonadio destacó hoy que las declaraciones de los imputados resultan “contundentes” en lo que respecta a las entregas de dinero a funcionarios y que “habría sido transportado y utilizado” por Daniel Muñoz, exsecretario privado y asesor presidencial entre 2003 y 2009, ya fallecido.
“Resultó un engranaje clave en el circuito de acumulación y traslado del dinero de Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Fernández”, agrega el magistrado.
El dinero era supuestamente entregado alternativamente al matrimonio presidencial o sus secretarios en el domicilio particular de la pareja en Buenos Aires, en la residencia presidencial y en la Casa Rosada; y parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos.
Desde que surgió el escándalo, a principios de agosto de 2018, decenas de importantes empresarios y exfuncionarios han sido procesados -algunos declarados imputados “arrepentidos” - y muchos han reconocido ante el juez la existencia de los sobornos y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo.
Entre los empresarios involucrados está además Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri, mientras el padre y el hermano del mandatario, Franco (fallecido recientemente) y Gianfranco Macri, respectivamente, fueron también llamados a declarar.