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MANAGUA. Salvar el suspendido diálogo entre gobierno y la oposición aparecía como la opción inmediata en Nicaragua para evitar en una espiral de violencia que profundice la crisis política y económica.
En la cita de hoy, el gobierno y la oposición acordaron “reanudar el diálogo nacional” para discutir el tema de la democratización del país, indicaron en una declaración conjunta difundida en Managua.
Los opositores prometieron además “flexibilizar” los bloqueos en las carreteras, una de las principales preocupaciones del gobierno.
Ambas delegaciones esperan que los obispos definan la fecha para retomar las conversaciones.
La Conferencia Episcopal, que había dado un plazo de un mes para lograr resultados cuando aceptó mediar y convocó las conversaciones, suspendió la semana pasada en su cuarta sesión. Sin embargo, el gobierno y la oposición no dan por terminado el diálogo ni quieren ser responsables de su fracaso.
Los obispos llamaron a una comisión mixta de seis miembros, tres por cada parte, para destrabar las pláticas, y cuya agenda -que el gobierno rechaza- pide la renuncia inmediata del presidente Daniel Ortega y la democratización del país.
Resistencia ciudadana
De no avanzar las negociaciones podría ocurrir que, en paralelo al diálogo, se intensifiquen las protestas como presión para que Ortega acceda a salir del poder en el menor tiempo.
“El verdadero diálogo está en las calles (...) Ortega no quiere hablar de democratizar porque no ha pensado irse, no queda más camino que elevar la protesta”, dijo la dirigente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Violeta Granera.
Otra variable que estudia la oposición para presionar a Ortega es convencer al sector privado, otrora aliado del gobierno, para convocar a un paro nacional, según Granera.
Pero mientras los estudiantes y la oposición política quieren un cambio inmediato en el poder, los empresarios propugnan una salida gradual de Ortega y se resisten a convocar a un paro nacional.
El movimiento campesino que realiza el cierre de vías en varios puntos del país anunció que no suspenderá esta forma de lucha, como exige el gobierno, porque es un mecanismo “no violento y efectivo de resistencia”.
Neutralizar las protestas
Otro escenario posible es que el gobierno podría decidir reprimir hasta acabar con las protestas restableciendo las condiciones previas al inicio de las manifestaciones y arriesgando una condena internacional y eventuales sanciones.
De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , un ente de la OEA, realizó una misión hace que culminó la semana pasada, tras la cual destacó que hay “una situación compleja” con “un padrón de violencia y represión” en “un ambiente de intimidación, de amenazas”, en tanto exigió al gobierno de Ortega garantizar la “integridad” de 13 líderes estudiantiles a quienes consideró “en riesgo”.
Por su lado, Estados Unidos atribuyó la violencia en el país a “matones controlados por el gobierno” y exhortó a “crear las condiciones propicias para un diálogo creíble e inclusivo” , así como a acatar la conclusiones de la CIDH “para asegurar que se rindan cuentas y se haga justicia”.
No obstante, la situación “está en un punto que, aunque Ortega tuviese la capacidad para acabar con las protestas, ya es incapaz de mantener la paz social en el país” , estimó el exdiputado Núñez.
“No hay vuelta atrás” en esta crisis, porque si Ortega logra revertir la situación a su favor “nos esperan más crímenes y una política de terror selectiva” contra opositores, dijo el general en retiro Hugo Torres.