Senador sobre propuesta del Ejecutivo: “Este proyecto está políticamente muerto”

Hoy, el Poder Ejecutivo tiene la oportunidad de defender ante la mesa directiva del Congreso Nacional el proyecto de ley de Emergencia Sanitaria que lanzó hace unos días. La propuesta habla de disponer castigos en diferentes aspectos en el marco del combate contra el COVID-19, en especial a funcionarios que administren vacunas en forma irregular, que podrán pagar con pena de cárcel o multas.

Sin embargo, no castiga a quienes se vacunen irregularmente, más allá de la sanción moral y un sumario administrativo. Si bien el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia argumenta que el citado proyecto no viola la Constitución Nacional, la propuesta legal es muy cuestionada, principalmente en el Senado, donde muchos fueron los referentes que ya le dijeron no al proyecto, incluso antes de debatirlo. Es por eso que el rechazo a la propuesta que se discute hoy en mesa directiva del Congreso está prácticamente cantado.

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“Este proyecto de ley está muerto”

El senador Hugo Richer, del Frente Guasu, uno de los participantes de la reunión, expresó su criterio personal en relación a la ley propuesta. Manifestó que más allá de que existan artículos sobre los cuales se discuta la constitucionalidad, el problema radica en que “este proyecto políticamente está muerto”.

“Cuando estas cosas se lanzan, primeramente necesitan un acuerdo político y después tirarlo al Legislativo. Ahora esto se va a discutir, pero ya conocemos la postura de la mayoría de los referentes políticos; la mayoría ya anunció que está por el rechazo de este planteamiento”, opinó Richer.

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Agregó que le ve muy poco futuro a la propuesta, más allá del debate sobre la constitucionalidad o no. “Si políticamente está muerto, también en el Legislativo es complicado. Por lo menos en lo que se siente hasta ahora, en senadores y senadoras hay mucha crítica a la propuesta, y eso no genera las condiciones para que se pueda apoyar este proyecto así como viene del Ejecutivo”, sentenció el senador del Frente Guasu.

El cuestionado proyecto se discute este lunes por la mañana en Mesa Directiva y están invitados a participar virtualmente el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez; el jefe del Gabinete Civil, Hernán Huttemann; el ministro de Salud, Julio Borba, y la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo.

Lo que más genera rechazo en el ámbito del Senado es el tono en el que se presentó el proyecto de ley.

No hay castigo para quienes reciben dosis

Por ejemplo, una de las medidas establecidas es enviar a la cárcel a las personas que administran de forma irregular las vacunas contra el coronavirus en el país, pero no se establecen medidas para quienes las reciben inapropiadamente.

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Genera muchas dudas también que la ley propuesta habla sobre la constitución de tribunales especiales administrativos para la fijación de los castigos. Sobre el punto, Hernán Huttemann aseguró que esto no colude con el Poder Judicial y que se puede ser perfectamente aplicable en este caso de emergencia sanitaria, porque lo que se estaría aplicando es el derecho administrativo sancionador. Pero el argumento no convence a los congresistas.

El otro artículo en cuestión es el 24, el cual crea una nueva figura penal: el hurto agravado de vacunas e insumos, que contempla cárcel por dos a seis años. En caso de vender los biológicos, el castigo se aplicará según el Código Penal.

Gobernar “por decreto”

Otra de las cuestiones más llamativas del proyecto es que permite que determinados permisos o restricciones se regulen por decretos. Menciona, por ejemplo, la limitación para circular, el uso obligatorio de sistemas de ventilación, lavado de manos y uso de mascarillas, que están ya contemplados en la Ley N° 6.699. Esto recuerda a tiempos oscuros en que en nuestro país las cuestiones importantes se decidían por decreto del dictador.

También se incluye la fiscalización en medios de transporte público terrestre, aéreos y fluviales, y en ambientes laborales formales e informales, que será realizada por el MSP y la Policía Nacional.

Cuando se le consultó, el jefe de Gabinete Civil argumentó que el Congreso puede evaluar, agregar o remover las disposiciones que están dentro del proyecto y que también el Poder Judicial puede ser consultado al respecto.

Ante la falta de convencimiento principalmente de los senadores en darle su respaldo al proyecto de Presidencia, lo que quedaría es buscar un punto intermedio entre el rechazo total y la modificación de la propuesta.