General retirado y otros involucrados van a juicio por coimas en la extinta Detave

Luego de tres intentos, finalmente el juez penal de garantías José Agustín Delmás pudo realizar ayer la audiencia preliminar al exdirector del Detave y exjefe de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), general (SR) Ramón Ernesto Benítez Amarilla y otros aduaneros acusados por cohecho pasivo agravado (coima), asociación criminal y contrabando.

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También están acusados en esta causa Blas Roberto Cabañas, Óscar José Samudio, Alan Javier Núñez Colmán, Porfirio Figueredo Vázquez, Luis Carlos Prudhomme, Carlos Alfredo Caballero, Diego Eduardo González, Baldomero Barrios Martínez, Nelson Dani Dielma, Alberto Andriotti Figueredo y Fredy Rubén Gauto.

También está en la causa José Sebastián Burró Franco, representante de las firmas Ganadera JR S.A.; Cincuenta y Nueve (59) S.R.L y Distribuidora San José S.R.L. y apoderado de la firma San José Primarias S.A.- fue acusado por soborno agravado y contrabando, por ser presuntamente pagantes de la “coima”.

Prudhomme, que era Policía, no se presentó hoy, motivo por el cual el juez decretó su rebeldía y ordenó su prisión. Tampoco estuvieron Figueredo y Barrios pero como justificaron su ausencia, su audiencia será fijada para otra fecha.

Las defensas plantearon en más de 50 incidentes en total, entre pedidos de nulidad de la acusación, de sobreseimiento definitivo y suspensión condicional del procedimiento, cuyo rechazo fue solicitado los fiscales Luis Said y Francisco Cabrera, que se ratificaron en su acusación y pedido de juicio oral y cuyo pedido fue avalado por Delmas.

Ya cerca de las 20:00, y tras atender cada uno de los incidentes planteados, el juez Delmás informó su decisión de admitir la acusación y elevar la causa a juicio oral el caso.

“Por decir en forma maratónica hicimos la audiencia preliminar desde las 8:30 y ahora estamos terminando (casi 12 horas después). En este caso, el famoso Operación Brillante de la Detave fueron acusados y hubo como 56 cuestiones incidentales planteadas por las defensa, y se decidió elevar a juicio oral y público a los acusados”, indico Delmás, indicó que su decisión se fundó en la cantidad de pruebas arrimadas por la Fiscalía.

Si bien Delmás aclaró que en su condición de juez Penal de Garantías no le corresponde evaluar una eventual condena, la pena por los delitos acusados podrían rondar los 5 años. Esto debe ser definido por un Tribunal de Sentencia, que también deberá tener en cuenta eventualmente el concurso de hechos atribuidos a los acusados.

La acusación sostiene que los funcionarios públicos solicitaban sumas de dinero a cambio de permitir el ingreso clandestino de frutihortícolas, combustibles, electrónicos, cigarrillos, calzados, ropas, azúcar y otros productos a nuestro país, debiendo ser autoridad de represión para dichos delitos.