Exhortan a autoridades de Salud a acelerar vacunación antiCOVID para personas con discapacidad

Organizaciones de y para personas con discapacidad de nuestro país se unieron para emitir un comunicado a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, exhortando a que se dé prioridad a este sector de la población para la aplicación de vacunas antiCOVID. Aplaudieron la aprobación del proyecto de ley que insta al Poder Ejecutivo a proceder en emergencia a la inmunización de este grupo vulnerable de la sociedad.

Un total de 130 personas con discapacidad recibieron asistencia técnica.
Organizaciones de y para personas con discapacidad se unen y urgen a autoridades de salud que les den prioridad en la aplicación de vacunas antiCOVID.

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Numerosas organizaciones de y para personas con discapacidad se sumaron y emitieron un comunicado dirigido a autoridades del Ministerio de Salud Pública, así como a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, urgiéndoles que se acelere el proceso para inmunizar a este sector de la población contra el COVID-19.

Criticaron que “las personas con discapacidad siempre quedan atrás” y resaltaron que deben tener prioridad para acceder a los biológicos, pues ellas son bastante vulnerables al contagio del virus, así como a desarrollar una condición más grave a consecuencia del SARS-COV-2 que puede derivar en la muerte.

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A su vez, los diversos sectores de la discapacidad y sus familias, correspondientes a varias localidades de nuestro país, comentaron que ven con mucha esperanza la noticia sobre la aprobación del proyecto de ley que insta al Poder Ejecutivo a proceder en emergencia y con prioridad a la vacunación antiCOVID de este grupo.

Fundamentaron que este sector tan vulnerable de la sociedad enfrenta un riesgo mucho mayor de contraer coronavirus, debido a que en su mayoría padecen condiciones de salud preexistentes. Además, recordaron, ellos sufren las inequidades en cuanto al acceso a la salud y el contacto con los proveedores de servicios de apoyo.

Necesitan cercanía

Argumentaron que muchas de las personas con discapacidad no pueden observar el distanciamiento físico, pues necesitan de asistencia personal para realizar sus actividades diarias, además de que dependen del contacto físico para explorar su entorno.

Puntualizaron también que muchos de ellos se ven expuestos al no contar con información oportuna y comprensible sobre cómo protegerse contra el COVID-19.

Citaron especialmente a los que tienen discapacidad intelectual o psicosocial, pues para ellas el distanciamiento, el uso prolongado de mascarillas, etcétera, son factores poco factibles, ya que les producen ansiedad.

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Tienen más riesgo de muerte

Resaltaron que, cuando se infectan con el virus, las personas con discapacidad tienen mayor probabilidad de desarrollar síntomas más graves con riesgo de muerte. En caso de contraer COVID-19, aquellas que tengan condiciones preexistentes como problemas respiratorios tienen mayor riesgo de desarrollar condiciones críticas o perder la vida. Otros pueden no tener acceso a una atención médica oportuna e, igualmente, debido a la falta de información adecuada sobre los síntomas.

Lamentaron también la desproporción que existe en cuanto a la observación del distanciamiento físico, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad requieren de cercanía para acceder a atención médica y a rehabilitación. “Algunos grupos, como las personas con sordoceguera, simplemente están aislados del mundo en gran medida porque la interpretación en persona no es posible debido al distanciamiento físico”, ejemplificaron.

Advierten que autoridades desoyen convención de la ONU

Apuntaron que al hacer el plan nacional de vacunación se ubicó a las personas con discapacidad en la etapa 2, después de las personas entre 18 y 59 con comorbilidades. Añadieron que recientemente cambiaron el plan y en lugar de iniciar la etapa 2 extendieron la etapa I, abriendo solo a personas de entre 50 y 59 años.

En este sentido, advirtieron que al no incluir a las personas con discapacidad entre los grupos prioritarios, “el Gobierno y el Ministerio de Salud desoyen el artículo 5 y sobre todo el 11 de la Convención de las Naciones Unidas sobre derechos de las Personas con discapacidad, ratificada y vigente en nuestro país, por Ley 3.540/2008, sobre el derecho de las personas con discapacidad a tener garantizadas su seguridad y la protección en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”, finalizaron su comunicado.

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