Empresas presentan amparo para circular libremente durante protesta de camioneros

La empresa transportadora La Ovetense S.A, presentó un amparo constitucional contra varias federaciones y asociaciones de camioneros, con el objetivo de que se les permita circular libremente. Denunciaron que los camioneros les están obstaculizando el tránsito para ingresar a los locales de Cargill, planta ubicada en el kilómetro 28 ½ de Minga Guazú, Puerto Tres Fronteras y Puerto La Unión.

La transportadora La Ovetense denunció que sus camioneros son extorsionados e incluso secuestrados al no dar el canon que piden arbitrariamente los manifestantes. (Foto ilustrativa)
La transportadora La Ovetense denunció que sus camioneros son extorsionados e incluso secuestrados al no dar el canon que piden arbitrariamente los manifestantes. (Foto ilustrativa)Victor Daniel Barrera

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De acuerdo a la denuncia de la empresa transportadora La Ovetense, los camioneros recurren a amenazas ilegítimas y acciones al margen de la ley para imposibilitar la entrada y salida de vehículos con cargas de la producción de la presente zafra nacional, hacia y desde la planta industrial Cargill hacia los puertos de embarque.

Según el abogado, los camioneros tienen una estructura montada de extorsión, en la cual piden a las empresas un guaraní por cada kilo de carga transportada, generando así una recaudación que está completamente al margen de la ley.

Si no se les da este dinero, lesionan el libre tránsito y la libre circulación de los productos nacionales.

Hay videos que prueban hecho

El abogado defensor de la Ovetense, presentó como elementos probatorios videos y audios de la situación denunciada, donde los camiones son detenidos sin mediar explicaciones.

Cabe explicar que La Ovetense tiene vínculo contractual con la multinacional Cargill, para el transporte de la producción de la planta industrial hacia los puertos habilitados. Es en este trayecto donde los camiones son detenidos arbitrariamente y con agresividad.

El amparo fue presentado contra los señores Roberto Merardo Almirón, Celso Chamorro Torres y Narciso Ramón Roa, supuestos representantes de la Federación de Transportistas Autónomos y Afines del Paraguay; el señor Gumercindo Prieto, supuesto representante de la Asociación de Alto Paraná Transporte de Carga; el señor Néstor Fabián Paredes, representante de la Asociación de Transporte de Expeleros y Harineros de Alto Paraná; el señor Vicente Medina Duarte, representante de la Asociación de Camioneros Caaguaceños; y el señor Julio César Solaeche, de la Asociación de Camioneros Ovetenses.

Camioneros son secuestrados

El representante legal de la transportadora La Ovetense expresó en los argumentos de la denuncia que los camioneros que cometen estas prácticas son “supuestos gremialistas que declararon una huelga reivindicando como motivo de lucha el aumento de los derivados del petróleo”.

Denunció a su vez que sus camioneros, en varias ocasiones, son secuestrados por estos hombres, pues se los retiene y se los obliga a quedarse en ciertos lugares donde ellos están realizando su medida de fuerza.

Además del amparo, existe en el Ministerio Público una causa por el hecho punible de extorsión agravada y asociación criminal en contra de personas innominadas. En esta causa el abogado de La Ovetense denunció que estos supuestos camioneros pretenden obtener ganancias a costa de otras empresas, estableciendo arbitrariamente un monto de 1 guaraní por cada kilo de carga transportada, cuando este tipo de pago no están establecidos por la ley, ni existe disposición, acuerdo o reglamento que establezca este monto.

Se hizo lugar al amparo

El juez penal de Garantías N° 2 de Ciudad del Este, de la VI Circunscripción Judicial, decidió hacer lugar al amparo constitucional promovido por La Ovetense en contra de los señores mencionados, y ordenar la entrada y salida de las cargas de producción de la presente zafra desde la planta industrial Cargill y demás puntos de carga de la referida empresa, y desde estos hasta los puertos Tres Fronteras, de Presidente Franco, y La Unión S.A, de Mariano Roque Alonso. Además, el magistrado dispuso la protección del transporte hacia la planta industrial.

Por otro lado, el juez dispuso la intervención inmediata de la Policía Nacional en caso de que personas extrañas quieran obstruir el tránsito de los camiones pertenecientes a la empresa accionante del amparo.

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