Fiscal confirma que consultor que facturó para CIAP no está en el país

AREGUÁ (Gladys Villalba, corresponsal). El supuesto consultor ambiental Edgar Daniel Arriola, dueño de la empresa “Asunción Ofertas”, que se dedica a “rubros generales”, facturó en febrero de este año G. 904 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), por estudio de impacto ambiental, trabajos de alcantarillado y honorarios profesionales, según detalles.

La empresa fijó como dirección la calle Leonismo Luqueño casi Mayor Echauri de la ciudad de Luque, sin embargo, un recorrido en la zona se confirma que la firma no existe en la ubicación señalada. Además ni los propios lugareños conocen a Arriola. El proveedor emitió ocho comprobantes por diferentes montos entre el 15 y 27 de febrero de 2021. Un dato llamativo es que el vencimiento del timbrado de las boletas era el 28 de febrero de este año.

Según la rendición de cuentas de la Gobernación de Central hecha a la Contraloría General de la República (CGR), los detalles de los documentos son: factura N° 000122 de fecha 15 de febrero fue por un monto de G. 105.943.636; la factura N° 0001225 con fecha 18/02 es de monto de G. 105.943.636; facturas N° 0001229 y N° 0001230 ambas de fecha 23/02 son de montos G. 105.943.636 y G. 35.314.545 respectivamente; factura N° 0001232 de fecha 24/02 es de monto G. 127.575.000; factura N° 0001235 de fecha 25/02 es de monto G. 171.290.000; facturas N° 0001240 y N° 0001241 son de fecha 27/02 cuyos montos son G. 197.571.728 y G. 55.159.636

ABC contactó con un familiar de Edgar Arriola al que solicitamos datos para contratar sus servicios de consultoría. Sin embargo, la respuesta fue contundente: “Hace rato no tenemos trato con él”. Al insistírsele con una dirección respondió: “Parece que está hacia el interior”. Pero, según fuentes de la Senac y Tributación, Arriola supuestamente estaría hace más de un año fuera del país.

En el marco del “avance” de la investigación, el fiscal Rodrigo Estigarribia confirmó lo anunciado semanas atrás, aunque no especificó dónde estaría ya que asegura que espera informes oficiales de la Dirección de Migraciones.

“Uno de los supuestos proveedores que emitió una factura, estaría fuera del país. Esta circunstancia tenemos que verificar obviamente con las testificales de esta persona para tener mayor información e ir cerrando las labores, porque es muy fácil sacar juicio de valores pero lo importante es como siempre digo, es precisar quién fue el que realizó la conducta y únicamente mediante testificales vamos cerrando el círculo para eventualmente, si existen los elementos, procesar a una persona particular y no a alguien que de repente podría ser testigo del hecho o que no tuvo participación. Tenemos que ser muy responsables al momento de iniciar un procedimiento en contra de cualquier tipo de persona”, dijo el agente del Ministerio Público.

Estigarribia, agregó que en los próximos días conversará con Arriola a través de una comunicación telemática para una testifical. “Si eventualmente se emitió una factura y esta persona no estaba en el país obviamente no fue la persona la que emitió la factura. Esa es la hipótesis que tenemos de una de las facturas”, indicó.

De acuerdo a las consultas que realizamos en los registros de catastro ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades), Edgar Arriola, propietario de la firma “Asunción Ofertas”, no figura como consultor ambientalista con registro y habilitación. El fiscal aseguró que “ya” solicitaron los mismos datos al Mades.

Además manifestó que con las testificales se podría determinar quién elaboró las facturas clonadas y quién las usó, y que para la fiscalía “el hecho relevante es el eventual perjuicio”.

La ONG recibió unos G. 5.105 millones.