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La orden de no innovar afecta a las licitaciones de la planta de tratamiento de agua y la consultoría para la fiscalización de la misma obra.
En total, ambas licitaciones juntas representan un endeudamiento de aproximadamente G. 63.200 millones que comprometerían recursos de la Comuna hasta el 2024.
El magistrado Zelaya actuó a pedido de los concejales Héctor Moran, Armando García, Ramona Verón y Carlos Garrido, quienes plantearon la medida judicial tras no obtener una respuesta de la Junta Municipal, donde presentaron un pedido de reconsideración contra dichas licitaciones. Firmaron igualmente el pedido de suspensión el presidente de la Multisectorial, Ramón Alberto Rojas, y 15 candidatos a concejales.
Con esto, se paraliza todo el proceso relacionado al proyecto de “elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de planta de tratamiento de agua potable de Salto del Guairá” que ya fue adjudicado por la Junta Municipal a la empresa EDIVI S.A. por la suma de G. 59.994.895.024.
También queda suspendido el proceso licitatorio, por la vía de la excepción, de la consultoría para la fiscalización de dicha obra, donde pretendían adjudicar la suma de G. 3.200 millones.
Todo irregular
Los recurrentes contra las citadas licitaciones argumentaron que, aparte de lo sospechoso que resulta pretender endeudar a la Comuna en plena campaña política y a menos de dos meses de terminar el periodo actual, la pretendida planta de tratamiento adolece de varias irregularidades como la falta de un estudio de impacto ambiental, el permiso de la Itaipú para construir dicha planta sobre el río Paraná, en la zona del poligonal envolvente y un proyecto básico, como exige la ley de Contrataciones.
Otro revés
La Municipalidad de Salto del Guairá también sufrió otro revés en el ámbito financiero. El Ministerio de Hacienda volvió a suspender los desembolsos de Royalties y Compensaciones, Fonacide, Juegos de Azar y Resarcimiento por la pérdida de los Saltos del Guairá. En dichos conceptos, la capital de Canindeyú percibe aproximadamente 10 millones de dólares anuales.
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La medida obedece a la falta de cumplimiento de un compromiso de reponer fondos mal utilizados, hecho por la Comuna ante la Contraloría General de la República en el año 2019. La institución debería desarrollar 13 obras por un monto de G. 2.632.843.910 con fondos propios de 2019 y 2020, para reponer recursos de Resarcimiento que fueron invertidos en iglesias en los años 2016, 2017 y 2018. Dicho compromiso fue incumplido, por lo que la CGR reportó el hecho y solicitó la suspensión.