Ambientalista lleva nueve años de calvario por juntar pilas

En principio, el segundo juicio oral y público al ambientalista Rubén Figueredo, presidente de la Fundación Itá Enramada, por supuesto incumplimiento de normas relacionadas a la disposición de residuos patológicos. se debió realizar el lunes pasado, a las 11:00.

Sin embargo, el fiscal Carlos Rojas González, de la Unidad N° 3, interino de las unidades N°1 y N° 2 de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales de Asunción, solicitó la suspensión del juicio.

El Tribunal de Sentencia, presidido por el magistrado Juan Carlos Zárate y conformado por sus colegas Yolanda Portillo y Héctor Capurro, resolvió postergar y recalendarizar el comienzo del debate público para el próximo viernes 24 de febrero a las 8:30.

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Con relación a esta situación, la abogada Rosa Vachetta, quien ejerce la defensa de Figueredo, señaló que ya en el juicio anterior que culminó en 2017 fue el Ministerio Público el que también pidió la suspensión del juicio.

“Así le tienen más de ocho años. Le imputaron y le llevaron preso porque supuestamente juntaba pilas, desde setiembre de 2014. Es la parte acusadora -la Fiscalía- la que no permite que se haga el juicio, que desde nuestro punto de vista hace rato se extinguió. El señor Figueredo se presentó cada vez que se le convocó”, manifestó la abogada Vachetta.

Cambio de postura del Ministerio Público

En otro momento Vachetta señaló que era el Ministerio Público el que le brindó, primeramente, el apoyo económico para la compra de toneles para la deposición de los residuos como pilas, fluorescentes y otros artículos contaminantes.

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La abogada dijo que todo cambió luego de que Figueredo haya denunciado el derrame de lixiviado de la empresa Empo, y que en el cauce del río Paraguay eran arrojados jeringas, remedios vencidos y agroquímicos. De hecho estos últimos fueron retirados del agua por el ambientalista y llevados como evidencias ante el Ministerio Público y Digesa, que hicieron caso omiso.

Al no contar con apoyo, Figueredo llevó esos productos contaminantes hasta su fundación y los depositó en toneles independientes que luego cerró de forma hermética. Esto provocó la reacción de la Fiscalía que inició después un proceso penal contra el ambientalista hasta lograr su condena en juicio a dos años el 20 de octubre de 2017, por los jueces Arnaldo Fleitas, Elsa García y Víctor Medina.

En esta causa estuvieron varios fiscales, primeramente la fiscala Sara Torres, quien luego renunció a la causa. Durante el juicio estuvo el fiscal Jalil Rachid.

Sin embargo, un Tribunal de Apelación, integrado por Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos, anuló en 2018 dicha pena y reenviaron el expediente para que se lleve a cabo un nuevo juicio ante un nuevo Tribunal de Sentencia.