Katia Uemura: Contraloría concluye que hay correspondencia entre ingresos y egresos

Un análisis de la Contraloría General de la República (CGR) concluye ahora que existiría correspondencia, al menos en los papeles, entre los ingresos y egresos de la fiscala Katia Uemura, cuyo esposo, el abogado Daniel Montenegro Menezes, está procesado como uno de los presuntos colaboradores del clan Pavao.

La investigación surgió a partir de las publicaciones periodísticas de este medio y el conocimiento público de fotografías de la vivienda de la pareja, donde se notaba un ostentoso nivel de vida.

Armindo Torres, director de DD. JJ. de la Contraloría, señaló que el periodo analizado es desde el año 2008 hasta el 2019, pero con la salvedad de que, a partir del año 2012, la fiscala contrajo matrimonio sin separación de bienes hasta el año 2016, en el que declara haber disuelto la comunidad conyugal.

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A partir de estos datos, la Contraloría realizó un análisis y concluyó que, en el periodo analizado, la pareja tuvo ingresos por cerca de G. 5.850 millones, lo que divididos los 11 años en 13 meses (aguinaldo incluido) promedia poco menos de G. 41 millones mensuales.

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Katia Uemura: los ingresos de la fiscala

En sus declaraciones, la ahora fiscala había declarado ingresos en el año 2008 por poco más de G. 3 millones como asistente fiscal.

En una segunda declaración en 2015, su sueldo ascendió a poco más de G. 15 millones, ya como agente fiscal.

En una tercera declaración en 2019, Uemura mantuvo el mismo cargo, pero su sueldo ascendió a poco más de G. 18.500.000.

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Katia Uemura: inmuebles fueron adquiridos por el marido antes de contraer matrimonio

Armindo Torres señaló que la Contraloría detectó, en un primer momento, inmuebles que no figuraban en la declaración de la fiscala, pero corroboraron mediante los Registros Públicos que fueron adquiridos por su marido antes de contraer matrimonio.

“Se verificó que esos inmuebles estaban registrados a nombre del marido, se adquirieron antes del matrimonio, por lo cual ella no estaba obligada a declarar. El inmueble que estaba registrado a su nombre se compró después de su última declaración jurada”, expresó.

“Con eso, ella levantó la mayoría de las observaciones, porque esa era la observación más relevante, la cuestión de los inmuebles”, agregó Torres.

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Cómo se analizaron los datos

Torres explicó que para el análisis se tomaron todos los ingresos de la fiscala hasta el año 2012, en que contrae matrimonio, y a partir de ahí hasta 2016 en conjunto con los de su marido.

“(En el periodo 2012-2016) no se compró un solo inmueble, pero los ingresos sí se tienen que tener en cuenta y se sumó ahí (los de su marido). A partir de 2016 en adelante otra vez se tienen en cuenta los ingresos de la fiscala nada más”, explicó. ”Nosotros verificamos los ingresos en la SET del señor en esos cuatro años y realmente tenía facturaciones muy grandes”, agregó.

“Sabíamos que esto podía pasar al filtrarse la comunicación de observaciones y en todos los casos siempre decimos eso, cuando se le corre traslado y después levanta, quedamos nosotros como que se le ayuda al funcionario, pero hay que ser objetivos. No podemos perjudicarle a nadie si tiene la documentación de cómo respaldar”, añadió.

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Conclusiones no son vinculantes para Fiscalía, aseguró

Torres señaló, sin embargo, que este análisis no es vinculante para el Ministerio Público en caso de que se investigue el origen de los bienes de la fiscala.

“Lo que nosotros hacemos es un análisis documental. Si de por ahí se ven otras cuestiones que esté viviendo en una mansión, nosotros no podemos corroborar. Hay mecanismos legales, creo que el Ministerio Público mismo puede investigar”, dijo.

Agregó que esto se da igual a la inversa, en caso de que en los documentos no haya correspondencia, pero ante el Ministerio Público se presenten pruebas de que sí.