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En la sesión ordinaria de ese miércoles los diputados enviaron al archivo el citado proyecto de ley de libranzas, que había sido rechazado en la Cámara de Senadores.
La propuesta genera el rechazo de organizaciones sindicales, pues contempla el embargo de hasta el 65% del salario de los trabajadores para cubrir sus deudas en entidades crediticias o casa de electrodomésticos.
El proyecto de ley había sido promovido principalmente por el diputado José María Ibáñez (imputado) y respaldado por los colorados Óscar Tuma, Clemente Barrios, Carlos Núñez Salinas (imputado), Walter Harms, y el liberal Carlos Portillo. Fue aprobado por Diputados en sesión de fecha 6 de diciembre de 2016.
La libranza se entiende como el mecanismo por el cual una persona voluntariamente autoriza (a través de la celebración de un contrato) el descuento automático de su salario por el concepto de pago a cuotas por productos o servicios que recibió de una empresa.