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Por medio de una resolución emitida este miércoles, el juez penal de garantías reunió elementos suficientes para comprobar que se han violado derechos constitucionales, por lo que dio lugar al pedido de amparo que habían solicitado los docentes y funcionarios de la Facultad de Filosofía en contra del los miembros del Centro de Estudiantes, para poder ingresar a cumplir funciones a la casa de estudios.
El magistrado ordenó el “ingreso inmediato” de los funcionarios, docentes, técnicos y coordinadores, así como de estudiantes, a sus puestos de trabajo y estudios, de manera a que se puedan retomar las actividades administrativas y académicas.
En el documento, el juez aclara que, si los representantes del centro de estudiantes no cumplen con la orden judicial, impidiendo de alguna manera el ingreso de los funcionarios, se enviarán antecedentes a la Fiscalía y serán sindicados bajo la figura de desacato, según indica la ley 4711/12.
El juez Julián López manifestó que se recurrirá a la ayuda de la fuerza pública para acompañar el ingreso del cuerpo docente a la facultad. El magistrado aclaró que la disposición no implica impedimento alguno para que los estudiantes sigan manifestándose y realizando otras medidas de fuerza en forma pacífica.
Sin embargo, los estudiantes de la Facultad de Filosofía habían llegado a un acuerdo ayer con el director Académico para recalendarizar el programa de clases y así permitieron la apertura a la casa de estudio.