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A instancias de la Fiscalía, se cumplió una reunión en el marco del “protocolo” de intervención en casos de invasiones de inmuebles, del que participaron al menos 10 instituciones públicas y privadas.
Esta es una reunión que se encuadra dentro del Protocolo de intervención, que tiene al menos cuatro fases, y se inscribe dentro de lo que es la etapa investigativa, señaló el fiscal general adjunto, Edwar Irala, quien de esta manera justificó la prohibición del acceso de periodistas a la reunión.
De la misma participaron, además de la fiscal que tiene a su cargo el expediente, Raquel Bordón, representantes de organismos públicos como la policía, el Indert, el Senave, Infona, entre otras, además de entidades privadas como bomberos voluntarios, la organización ambientalista Guyra Paraguay, intendentes municipales de la zona de influencia, como Pirapó y Alto Vera, entre otros.
La reunión fue para conocer en detalles todos los aspectos de la situación, y analizar en detalles las acciones, dijo, aunque admitió que todavía el Ministerio Público no determinó qué acciones va a tomar, ni en qué plazo.
No obstante, no descartó una acción para detener a los ocupantes, atendiendo que el término desalojo es impropio para aplicarlo en un caso donde se investigan hechos punibles en el ámbito penal.
El fiscal general sostuvo que de la investigación surge que existen hechos punibles cometidos, como invasión de inmueble, tala de árboles nativos y de árboles cultivados, entre otros, pero reconoció que la aplicación del "Protocolo" es lento, así como admitió también que el avance en las investigación fiscal "por distintas razones no avanzó", y entre estas razones citó el traslado de algunos fiscales.
El fiscal Irala admitió que se registró poco avance en la investigación, pero alegó que es un tema complejo, que involucra a muchas familias, entre ellos niños y personas de mucha edad, y una intervención para la aprehensión de los responsables de la invasión requiere seguir un protocolo que contempla todos estos detalles.
En rigor, la fiscalía intensificó su accionar luego de una enfrentamiento entre dos de los cuatro grupos de campesinos que pretenden quedarse con las tierras de la escuela, y tras la profusa difusión de este hecho a través de los medios masivos de comunicación.
En el enfrentamiento, que se produjo al mediodía del viernes 29 de julio pasado, en uno de los campamentos montados por los ocupantes, murió el campesino Porfirio Meza, de 60 años, víctima de un disparo de pistola a la cabeza. Por este hecho, está detenido Mariano Espínola Aquino, quien pertenecería al grupo de ocupantes denominado Natalio.
La directora académica de la escuela San Benito, Dra. Julia Rivas, lamentó la demora de las autoridades en tomar intervención en un hecho que está creando zozobra entre los estudiantes, y ponen en peligro la continuidad de la institución. No obstante, calificó como una buena noticia el que por primera vez se haya convocado a una reunión como la que tuvo lugar aquí, de la que participaron diversas entidades y donde se analizó la problemática en su total profundidad.
La dirección de la escuela presentó denuncias ante el Ministerio Público hace más de un año, pero la acción de la fiscalía fue casi nula, al punto que el conflicto cada vez se torna más intenso. Nos roban nuestras gallinas, nuestros chanchos, cortaron plantaciones de naranjas de los estudiantes, siguen depredando el bosque. Los estudiantes se ven acosados y atemorizados por estas acciones, lamentó.
El conflicto con la escuela agrícola data de alrededor del año 2008, cuando un grupo se instaló en una zona aledaña al camino que conduce al distrito de Alto Verá. Tras un desalojo inicial, impulsado por la propietaria del inmueble, la congregación religiosa católica Misioneros del Verbo Divino (SVD), los ocupantes volvieron a instalarse en una franja de terrero que bordea la ruta.
En el 2009, el SVD arrendó las tierras y la escuela agrícola a un matrimonio de educadores de origen brasileño que se comprometió en continuar con la gestión de la institución. Ese año el SVD pasó por un periodo de reestructuración que le hicieron difícil continuar con la escuela, y para evitar que se cierre se arrendó a este grupo, pero fue un error, porque a partir de ahí recrudecieron las ocupaciones, al punto que ahora existen cuatro diferentes grupos instalados dentro de la propiedad del Verbo Divino, sostuvo el P. Virginio Rolón, misionero verbita destacado en el lugar.
El religioso aseguró que la congregación se hará cargo nuevamente de la escuela y del predio, y buscará sacar adelante a la entidad educativa cuya continuidad está en riesgo debido a los conflictos y la inseguridad que rodean al conflicto por la tierra.