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La Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) denunció esta mañana que no se cumplieron los compromisos realizados por el Gobierno tras la declaración de emergencia nacional y anunció una nueva marcha. Al respecto, el ministro de Agricultura manifestó que han venido cumpliendo con todos los labriegos que se encontraban habilitados.
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“El Gobierno cumplió con las personas que estaban incluidas en el listado, que estaban habilitadas como productores y no tenían impedimentos para recibir la ayuda”, afirmó en contacto con ABC Cardinal.
Tras la promulgación de la Ley de Emergencia Nacional el año pasado se llegó a un acuerdo para trabajar sobre tres ejes principales: la distribución de los kits, la implementación de los proyectos productivos y la rehabilitación financiera.
En primer lugar, destacó que la Coordinadora Nacional Intersectorial solicitó postergar la distribución de alimentos hasta 2018, lo cual está documentalmente comprobado. “Nosotros nos comprometimos a iniciar las entregas esta semana en San Pedro, que ellos mismos pusieron como prioridad”, agregó.
Con respecto a la implementación de proyectos productivos, indicó que se han desembolsado más de US$ 2.000.000. Explicó que entregaron un listado con 62.000 nombres que fue depurado. En primer lugar, salieron los difuntos, funcionarios públicos y menores de edad.
Allí quedaron 56.000 y finalmente solo 18.000 fueron verificados como productores. “Nosotros dijimos que íbamos a llegar hasta las fincas de los productores porque en años pasados hemos tenido antecedentes nefastos en los cuales se han incluido nombres de personas que bajo ningún criterio pertenecían a la agricultura familiar campesina, como gomeros o comerciantes”, explicó.
Finalmente, destacó que de los 18.000 nombres que quedaron, unos 12.000 ya estaban siendo asistidos por el Gobierno por otro tipo de proyectos, como Tekopora, por lo cual no pueden acceder a este nuevo plan. La CNI apuntó a proyectos productivos de mecanización, con la compra de maquinaria y tractores. “Directamente, hemos llegado a 60 productores, pero indirectamente a 6.000”, afirmó.
“Ellos pretenden que hagamos el desembolso a personas que no están verificadas como trabajadoras de la agricultura familiar campesina, pero nosotros tenemos la responsabilidad del buen uso del bien público”, señaló.