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El año pasado, la ciudadana María Alejandra Octaviano denunció que el fiscal Édgar Sánchez incurrió en mal desempeño de sus funciones, debido a que se postuló al cargo de Gran Maestro de la Logia Simbólica del Paraguay.
Argumentó que el artículo 254 de la Constitución Nacional expresa que ningún magistrado puede ejercer otro cargo, ya sea en entidades públicas o privadas, en el ámbito comercial, partidos políticos u asociaciones, salvo la docencia o investigación científica.
El JEM analizó el caso y admitió que el tema de la masonería es bastante complejo, por considerarse algo casi secreto.
Como parte del análisis, refirieron que la imparcialidad es más una cuestión que afecta a los jueces y no a los fiscales, debido a la labor que ejercen.
“En lo que respecta a la imparcialidad de los fiscales, la imparcialidad no es una condición de su función, porque específicamente no cumplen el rol de decir el derecho”, dice parte del análisis del JEM.
El punto fundamental que favoreció a Sánchez es que el artículo 24 de la Constitución, sobre la libertad religiosa e ideológica, dice: “Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o su ideología”.
La denuncia quedó archivada porque los miembros del JEM consideraron que no existe incompatibilidad entre el cargo de fiscal y ser masón.
La denuncia fue presentada el 5 de noviembre pasado y archivada el 19 de noviembre de ese mismo mes, con celeridad por parte de los miembros del JEM.
Sánchez es fiscal penal y, según un portal digital de la Confederación Masónica Interamericana, también serenísimo gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Esto causó la crítica de abogados, quienes cuestionaron que los masones ejercen influencias en el Poder Judicial.
Firmaron la resolución del JEM los miembros: Gladys Bareiro (Corte Suprema), Adolfo Ferreiro (Senadores), Jorge Ávalos Mariño (Diputados), Óscar Tuma (Diputados), Adrián Salas (Consejo de la Magistratura), Raúl Torres Kirmser (Corte Suprema) y Enrique Riera (Consejo de la Magistratura).
Esta resolución será remitida a la Fiscalía, que investiga a Sánchez para saber si incumplió alguna norma interna del Ministerio Público.