Pagar legalmente a guardias costaría G. 4 millones

Aberto Espinoza, presidente de la Cámara de seguridad privada de Alto Paraná, reconoció a ABC Cardinal que en su departamento hay numerosas empresas de seguridad privada en situación irregular. No obstante, aclaró que la informalidad en el rubro de la seguridad privada es un problema a nivel nacional, debido, justamente, al gran gasto que implica pagar a los efectivos lo que legalmente les corresponde.

Según explicó el empresario, para que el servicio que presta un guardia sea pagado como corresponde, cada personal tendría que costar cerca de G. 4 millones. “Esto, pagando absolutamente todo lo que le corresponde por ley, por 12 horas de trabajo. Esto se traduciría en 10 millones por personal, pues el servicio que piden normalmente es de 24 horas”, señaló el Espinoza.

Además, aclaró, a esta cifra se le debe agregar un margen de ganancia para el prestatario del servicio. “Si yo quiero ganar al menos G. 500.000 tengo que cobrar 4.500.000”, ejemplificó.

El empresario informó que actualmente existen alrededor de 50 empresas operando de manera irregular, sin autorización policial y evadiendo asignaciones para el personal de seguridad.

“Las empresas que forman parte de la cámara no están exentas de las irregularidades, pero tratamos de acercarnos a lo más legal posible”, añadió el empresario.

Alberto Espinoza explicó también que la operación irregular es “una cuestión de conveniencia para el propio cliente que es el corresponsable de que exista tanta irregularidad”.

Esto, debido a que pagarle a un guardia lo que indica la ley implica contar con una capacidad presupuestaria superior.

En este sentido, el empresario opinó que el primer paso es “ver si esto es posible subsidiarlo acorde al sistema económico actual. Una cosa es lo que todos queremos y es ideal. Pero tenemos que ver si nuestro mercado está en condiciones de soportar estos costos”, analizó.

El empresario aclaró que su sector no está exento de la culpa. “Nosotros los dueños de empresas y el estado a través de instituciones encargadas del control de estas situaciones. Ambos somos los responsables de alguna forma”, dijo Espinosa al tiempo de añadir que, aún así, el principal responsable “es el Estado”.

“Hay instituciones que tienen que velar por esto. La Policía nacional a través de su Departamento contra de Delitos Económicos y Financieros, División empresas de seguridad privada. Hay una ley, la número 5424, que se creó exclusivamente para atender el sector de la seguridad privada”, recalcó Espinoza.