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“El señor Roberto Duarte Cáceres no se encuentra habilitado para ejercer la profesión ante la Corte Suprema de Justicia”, expone el Consejo de Superintendencia de la Corte en torno al caso desatado en la víspera, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.
A raíz de esta notificación, la jueza María Griselda Caballero ordenó que el detenido -ya imputado- sea remitido al citado recinto penitenciario para cumplir prisión preventiva.
De acuerdo a los antecedentes, Duarte Cáceres fue contratado por la empresa Corporación Mercantil en un juicio ordinario de cobro por la suma de G. 30 millones. Tras aparecer en el expediente tramitado en el Juzgado Civil y Comercial del undécimo turno de Asunción, a cargo de Hugo Garcete, el perito matriculado en la Corte ofreció un dictamen favorable a la contraparte, MS Red Company, firma demandada.
El trato que prometió incluía un supuesto tráfico de influencias con el juez Garcete.
Según los datos, Duarte solicitó la suma de G. 30 millones, mismo monto del juicio por cobro de guaraníes, pero aseguró a la firma demandada que esa suma iba a trepar fácilmente a G. 60 millones con los intereses. Fue en esta situación que invocó al magistrado Garcete.
Sin embargo, de acuerdo a la pesquisa, no existiría tal comunicación con el magistrado, indicó el fiscal Dos Santos. El mismo perito había quedado en evidencia porque en pleno operativo encubierto se le solicitó que llame al juez Hugo Garcete, a lo que se negó.