Piden creación de juzgado de Primera Instancia

YASY CAÑY. Representantes de varios sectores expresaron su preocupación por el gran aumento de casos de violencia doméstica en el distrito. Por ello piden la creación de un juzgado de Primera Instancia y órganos de apoyo jurisdiccional.

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Durante el Día de Gobierno Judicial, realizado en el establecimiento del Juzgado de Paz local, el intendente municipal Luis Alberto Macoritto (ANR) presentó su preocupación sobre la inseguridad y la falta de mayor presencia del Estado en el distrito.

En ese sentido, solicitó la habilitación de un juzgado de Primera Instancia, una Unidad Fiscal y la Defensoría en el lugar. Los pedidos se hicieron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Fretes y al ministro Víctor Núñez, presentes en la jornada.

A su vez, el inferior de Paz local, Pedro Lezcano, enfatizó el aumento de denuncias de violencia doméstica y que generalmente son mujeres o los propios hijos quienes se acercan al juzgado para realizar las denuncias.

Mencionó que se debe intensificar el trabajo de prevención. Asimismo, el funcionario destacó la labor del trabajo del Centro Regional para las Mujeres Víctimas de Violencia, que cuenta con abogados y psicólogos que trabajan conjuntamente con el juzgado local.

La concejal departamental Delcia Maciel, exigió la descentralización de la justicia, ya que la localidad cuenta con alrededor de 50.000 habitantes y para los casos judiciales los ciudadanos deben trasladarse hasta Curuguaty o Salto del Guairá, lo que genera un alto costo de traslado y la extensión del proceso judicial. La concejal solicitó la creación de un juzgado de Primera Instancia y Unidad Fiscal, además de una penitenciaria ya que actualmente los internos son trasladados a Cuidad del Este o Coronel Oviedo.

A su turno, el líder nativo Narciso Duarte, de la etnia ava guaraní, pidió a los ministros de la máxima instancia judicial la inserción en el sistema de justicia, dándoles mayor participación y trabajo.

El dirigente Crispín Cabrera, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana (CSC), sostuvo que cuentan con 24 grupos de ciudadanos que necesitan una orientación para que sean reconocidos legalmente y de esta manera puedan servir de respaldo a la Policía Nacional para combatir la delincuencia reinante en la comunidad. Requirió capacitación en materia de seguridad ciudadana.

Ante los pedidos de las autoridades municipales, concejales y de los ciudadanos, los ministros Antonio Fretes y Víctor Núñez aseguraron que analizarán la factibilidad de instalar el juzgado de Primera Instancia en la comunidad.

Coincidieron en señalar que harán llegar el reclamo de creación de Unidad Fiscal al fiscal general. Respecto a la creación de una escribanía, sugirieron que se debe plantear un proyecto de Ley ante el Congreso de la Nación.

En respuesta al planteamiento de la CSC, los dos miembros de la máxima instancia buscarán canalizar el pedido. En ese contexto, el titular de la CSJ, Antonio Fretes y el ministro Víctor Núñez explicaron que la presencia de los mismos en el juzgado obedece al propósito de acercar la justicia a la gente, ya que el juzgado de Paz es la primera cara de la justicia ante la ciudadanía.

Los lugareños manifestaron su preocupación por los delitos ambientales cometidos por personas inescrupulosas. En ese sentido, pidieron la intervención de los causes hídricos que son contaminados por la fumigación de cultivos de soja que se encuentran a pocos metros de dichos arroyos.

El doctor Fretes pidió mayor información en cuanto a la problemática planteada por los pobladores e instó al intendente local a crear y fortalecer la Dirección de Medioambiente, ya que cualquier trabajo que genere un impacto ambiental debe tener la licencia de los municipios.

El ministro Fretes aseveró que la prevención es uno de los puntos más importantes para evitar la contaminación y remarcó que la comisión ambiental conformada por el Ministerio Público, la SEAM, entre otras, busca evitar o reparar los daños y no solamente tienen un fin sancionador.

Recordó que la Constitución Nacional establece una triple sanción: la de carácter pecuniario, la recomposición de los daños, así como la pena privativa de libertad.

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