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El ministro del Interior, Francisco de Vargas -a poco de saberse las bajas de Bernardo Bernal Maíz, alias “Coco” y Claudelino Silva- salió a declarar que eso se dio gracias a que el grupo criminal estaba acorralado en el monte y sin provisiones.
Por esa razón, estaban comenzando a asaltar las casas para llevarse víveres al monte y no morir aislados. La vivienda de los Fick Bremm fue tomada al azar por el EPP para buscar comida; esa fue la versión oficial.
En ese estado de supuesta desesperación, la FTC encontró al grupo que llegó hasta Paso Tuyá y en el enfrentamiento dio de baja a dos de sus miembros; para cubrir su huida los criminales tomaron de rehén a Arlan, quien no era el objetivo, según la versión inicial del gobierno.
Sin embargo, la historia tuvo un giro con la revelación que hizo Álcido Fick sobre el robo de una computadora el 24 de diciembre de 2013 a la familia, donde se supo el movimiento financiero de los colonos y ya que planificó el secuestro del menor.
Siguiendo con el relato hecho por Álcido, el día en que se llevaron a Arlan, los secuestradores ya pidieron el pago del rescate de US$ 500.000. Como se logró abatir a dos miembros del EPP, el gobierno trató de sacar el mayor rédito a la situación y dio énfasis a las bajas del grupo criminal.
El secuestro de Arlan Fick se dio cuando la Policía y los militares copan el norte del país, con todo tipo de vehículos y armamentos. Tal vez por esa razón es que se trató de minimizar al máximo el caso, esperando que con el pago del rescate se libere rápidamente al joven.
El 10 de abril, se pagó el rescate al EPP y fue una de las hermanas de Arlan la que llevó el dinero hasta un camino vecinal de Azotey, donde entregó el monto en propias manos a los secuestradores.
Ese mismo día, ya luego del desembolso, el fiscal Federico Delfino pidió el bloqueo de las cuentas de la familia Fick, en base a la Ley 4005/10.
Con la última conferencia de prensa que dio Álcido Fick, se descubrió que el Gobierno y los organismos de seguridad estuvieron ocultando la verdad. Se quiso tomar partido de la situación afirmando que el EPP estaba acorralado, pero en realidad estaban cometiendo su quinto secuestro.
La familia Fick pagó los US$ 500.000 y US$ 50.000 en víveres, para comunidades humildes del norte del país, mientras que el Estado dejó abandonada a su suerte a los Fick, quienes vivían a merced de las exigencias del EPP.