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No podemos impedir que la empresa Villa Serrana (propiedad del exsenador) siga operando "por el hecho de que no tenemos el acompañamiento de la Policía Nacional para el cumplimiento de la orden judicial", mencionó González.
"La excusa que recibimos de la Policía es que es una orden de la asesoría jurídica, que ellos no pueden atajar las líneas de transporte, que es una obligación de Dinatran", explicó el jefe comunal
"Nosotros hicimos la única cosa que podíamos hacer, que es clausurar la empresa; después está en manos de Dinatran, que no hace lo que corresponde", cuestionó igualmente.
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Además, consideró increíble la justificación del exsenador para no pagar la deuda con la Comuna. Quiñónez afirmó que no paga su deuda porque el intendente González es un corrupto. "Eso en todo caso lo tiene que determinar la justicia, dijo González, y agregó que en el caso de ser cierto, no es motivo para no pagar algo que le debe al pueblo tobateño".
González detalló que el exsenador tiene una deuda acumulada de 21 años, que incluso, si se considera la prescripción de parte de los adeudado, igual ronda los G. 100 millones en total, en concepto de habilitación de la empresa, patente de rodados (que trasladaron a Caacupé) e impuestos por el local de la empresa.
Finalmente, insiste que la cuestión no es solamente la deuda, sino el malestar ciudadano por el incumplimiento de los itinerarios. "Hay un incumplimiento con el pasajero de Tobatí, que data de años; prueba de ello es que hemos movido denunciando. Ayer hubo más de 1.000 personas cerrando las calles en señal de protesta contra esta empresa", apuntó.