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“Dicha Cámara tuvo en su poder durante casi tres años la terna enviada por la Cámara de Senadores, que procedió a una convocatoria pública de candidatos y seleccionó finalmente a tres, cuya nómina fue enviada a la de Diputados”, dice la nota.
La Mesa, compuesta por 12 organizaciones sociales, afirma que el actual defensor, Manuel María Páez Monges, debía dejar su cargo en el año 2008.
“El Sr. Víctor Bogado (presidente de Diputados hasta el 30 de junio) no tuvo la voluntad política suficiente para impulsar dicha elección a lo largo de estos tres años, incumpliendo así un mandato de rango constitucional. Este hecho ha sido motivo de crítica incluso de parte de organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en su reciente sesión de marzo del 2013 ha hecho un reclamo al Estado Paraguayo que afirma cuanto sigue:
El Comité está preocupado porque los procesos vigentes no han permitido la selección de un nuevo Defensor del Pueblo desde el 2008, así como por la falta de criterios y procedimientos claros que aseguren la plena independencia y eficiencia de la Defensoría, de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) (Art. 2)”, señala la nota.
La Mesa cree imperiosa necesidad que el nuevo Congreso proceda a dar cumplimiento a este proceso de designación en el menor plazo posible y con la condición exigida de criterios de eficiencia e independencia en cuanto al perfil del nuevo defensor. Es decir, libre de criterios partidistas.
Firman la nota la Mesa memoria histórica, el Museo de las memorias, Codelucha, Serpaj-py, Codehupy, Fundación Celestina Pérez de Almada, El Sindicato de Periodistas del Paraguay, la CUT Auténtica, la Central Nacional de Trabajadores, Mujeres por la democracia, Cipae y el Grupo memoria.
El actual grupo de parlamentarios culminará su mandato el próximo 30 de junio. Solo algunos continuarán.