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“Diosnel Giménez el fiscal... Yo le di una vez, después quedó a cargo de la Senad”, mencionó Souza en su encuentro con el ministro de la Senad, Luis Rojas.
El ahora exfiscal Giménez fue involucrado en el 2012 con el narcotraficante que lo delató hoy, Ezequiel De Souza Gómez. Éste había sido arrestado en el distrito de La Paloma, Canindeyú, junto a otras 18 personas, ocasión en la que se incautó 1.748 kilos de cocaína en el marco del operativo “Águila Negra”.
Supuestamente, Souza Gómez fue amenazado de muerte hace tiempo, por lo que el fiscal Giménez, junto con otro fiscal ordenaron protección policial para el narco, irregularidad por la cual el Ministerio Público abrió una investigación interna.
Así también el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados había resuelto apercibir a Giménez, por “mal desempeño de funciones”, ya que dictaminó hacer lugar a una medida sustitutiva a la prisión a un procesado por tráfico de 20 kilos de cocaína. Según los datos que manejaba el Jurado, los procesados fueron detenidos en flagrante comisión del supuesto hecho punible de posesión y tráfico de estupefacientes en agosto de 2010, en la jurisdicción de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.
El 16 de diciembre del 2010 la defensa técnica de Juan Ramón Ruiz Díaz solicitó la revocatoria de la prisión preventiva. Del planteamiento se corrió traslado al fiscal, quien contestó por escrito y recomendó que se haga lugar a la revocatoria del auto de prisión preventiva.
La Fiscalía consideró que las evidencias se desvanecían en relación con este imputado, por ese motivo dictaminó por la revocatoria de prisión. Luego, el juez penal de Salto de Guairá hizo lugar al incidente de revocatoria de auto de prisión de Ruiz Díaz y ordenó la libertad del procesado. Sin embargo, en fecha 5 de febrero del 2011, el fiscal formuló acusación y solicitó juicio oral para Ruiz Díaz, Luis Alberto Benítez, Hugo Sánchez, Hugo Ovando y Pablo Ríos Romero.
Este punto es el que cuestionó el Jurado, ya que si el fiscal acusa y pide que la causa se eleve a juicio oral y público es porque tiene serios indicios de la implicancia del procesado en el hecho investigado, lo cual no condice con su dictamen de revocatoria de prisión.
Y el último caso donde estuvo involucrado y que le valió su renuncia es el blanqueo al intendente de Yby Pytã, Virgilio Portillo, quien en abril de 2008, fue detenido con más de 8.000 kilos de marihuana. Pese a las evidencias, el ahora jefe comunal fue sobreseído y luego se postuló al cargo.
El fiscal general, Javier Díaz Verón, había dispuesto la suspensión por tres meses sin goce de sueldo de Diosnel Giménez, así como que sus antecedentes sean remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Giménez y otros fiscales actuaron negligentemente y beneficiaron al jefe comunal según el dictamen de la inspectoría del Ministerio Público, pero con su renuncia el órgano encargado de juzgar a los fiscales no pu do seguir con las pesquisas, y tampoco pudo ser investigado por la justicia penal, por lo que quedó en total impunidad.