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Martínez explicó, desde su experiencia en el Ministerio de la Defensa Pública, cómo funciona básicamente un proceso contra personas sobre todo de escasos recursos. El primer contacto con el sistema es la Policía Nacional, que en numerosas ocasiones procede a demorar (esta figura ni siquiera existe) a personas ante alguna "actitud sospechosa".
Dijo que nunca se define qué es una actitud sospechosa y que allí más bien la Policía opera por estereotipos: ya sea porque está mal vestido, porque estaba caminando sólo en la madrugada, entre otros aspectos.
En ese primer contacto usualmente se dan la extorsión y la tortura, dijo, así como la implantación de pruebas o supuestos hechos, agregó. Luego ese parte policial (cabeza de proceso) pasa a la Fiscalía, donde la imputación es casi segura y más segura aún si existen antecedentes.
Generalmente las imputaciones van acompañadas de pedidos de prisión preventiva, sumando más gente al mar de humanos que se hacinan en las cárceles. A partir de allí, todo funciona para criminalizar a las personas, indicó.
En este sentido, habló de la necesidad de revisar algunos artículos del Código, que lo único que hacen es reprimir y no atacar el problema, según consideró.