Intendente y ediles de Loma Grande se enfrentan ante comisión para intervención

Para hoy a las 11:00 están primeramente convocados lo concejales denunciantes, a fin de exponer los indicios de irregularidades por los cuales solicitaron la intervención de la municipalidad de Loma Grande, administrada por el liberal José Vera Benítez, que también debe comparecer también hoy, pero para las 14:00.

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Los concejales solicitantes son los colorados Selene Alessandra Jiménez. Adrian Alberto Cubilla, Carlos Antonio Estigarribia, Carlos Antonio Sosa, Francisco Vera Ortiz; quienes además de presentar el pedido de intervención, presentaron el pasado 26 de junio del año pasado una denuncia penal contra el intendente Vera ante la unidad contra de Delitos Económicos por presunta “lesión de confianza”.

Según dicha denuncia, el intendente pagó la suma de G. 160.000.000 a la empresa Constructora 2A de Antonio Andrés Ríos, a la que supuestamente adjudicó contrato por “reparación de caminos y limpieza de franja de dominio” con fondos de Fonacide, “sin licitación”.

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También se le atribuyen presuntos desembolsos irregulares por un total de G. 1.100.000.000 en concepto de asesoría, de los cuales habrían entregado unos G. 56.500.000 a José de Jesús Bordón. También el pago de G. 7.000.000 a Juan Bautista Muñoz, destacando el hecho de que el mismo recibió el dinero pese a ser concejal municipal de Fernando de la Mora, por lo que consideran se cometieron los delitos de “cobro indebido de honorarios” y “lesión de confianza”.

Los ediles también refieren que supuestamente fueron adjudicados de manera directa empresas ligadas al “asesor financiero” de la comuna, Eduardo Maidana. Puntualmente señalan dos contrataciones directas por un total de G. 292.666.607 por servicio de “asesoría” y otro por provisión de “software”.

Finalmente también denuncian que el intendente adjudicó unos G. 382.361.703 sin autorización de la Junta Municipal, fuera del presupuesto aprobado para el año pasado, principalmente para rubro de compra de combustibles, jornales, honorarios profesionales, construcciones, entre otros.

Corre plazo para dictaminar

El pasado martes 30 de mayo finalmente se designó a las autoridades de la Comisión Especial que debe dictaminar sobre el pedido de intervención a la gestión de José Vera Benítez, con lo que empezó a correr el plazo de 15 días hábiles que establece la ley N° 317/94 para emitir un parece y someter al criterio del pleno de Diputados la aprobación o rechazo de la intervención.

Integran esta comisión los diputados colorados oficialistas Hugo Ibarra (presidente) y Hugo Ramírez (vicepresidente); los cartistas Blanca Vargas, Hernán Rivas y Miguel Del Puerto. Por parte del PLRA, fueron designados Emilio Pavón (secretario), Édgar Ortiz, Roya Torres y Jorge Ávalos Mariño.

Tras la convocatoria a las partes (denunciantes y denunciado) se acostumbra realizar una visita in situ al municipio para constatar las supuestas irregularidades. Para aprobar la intervención en Diputados, se requiere de mayoría simple (la mitad más uno de los presentes), y en el caso de hacerlo, el Ejecutivo deberá designar un interventor.

Este interventor tendrá un plazo máximo de 90 días para verificar la administración intervenida, tras lo cual deberá emitir un informe final que debe ser remitido a la Cámara de Diputados, quién por mayoría absoluta (41 votos) podrá apartar del cargo en este caso al intendente.