Ediles ratifican denuncias y piden intervenir comuna de Loma Grande

Ayer, en Diputados, se realizó la primera reunión oficial de la Comisión Especial que debe dictaminar sobre el pedido de intervención a la gestión del intendente de Loma Grande, José Vera Benítez (PLRA), donde escucharon ambas campanas, pero, sin embargo, tanto los concejales denunciantes como el jefe comunal quedaron debiendo el respaldo documental suficiente para sostener o refutar las denuncias de supuestas irregularidades.

El presidente de la Junta Municipal, concejal Francisco Vera (ANR), y demás denunciantes delegaron principalmente a los asesores la exposición ante la comisión de los principales puntos de una docena de hechos denunciados, aunque el presidente de la comisión, Hugo Ibarra (ANR, FR), solicitó precisar de mejor manera varios datos.

“Estuvieron detallando 12 denuncias aproximadamente (...). Varias denuncias son por temas presupuestarios, otras por malversación, otras por despido injustificado de funcionarios sin sumario -lo que tiene un perjuicio al municipio por tener que pagar-, (...) son varias (denuncias) y hablaron de más denuncias que no están por escrito”, comentó el diputado Ibarra.

El legislador comentó que no se pudo precisar un monto del presunto daño patrimonial, y que intentarán hacerlo en la comisión.

“Están las facturas y los montos, todavía no hicimos el total del perjuicio que tiene el municipio, pero teniendo en cuenta que no es un municipio muy grande, cualquiera sea el monto obviamente tiene un impacto importante”, afirmó Ibarra.

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A pedido del presidente de la Junta, el asesor contable de la comuna Roberto Villamayor explicó principalmente que el pedido de intervención se debe a la negativa de Vera de proveer datos a los concejales, así como utilizar presupuesto sin respaldo del legislativo municipal, entre otros.

“Otras supuestas irregularidades son, por ejemplo, la utilización de recursos sin aprobación de la Junta, que viene haciendo de forma irregular desde que inició su gestión hasta la fecha”, afirmó Villamayor, que dijo que estiman que solo en 2022, Vera dispuso de unos G. 382.361.703 fuera del presupuesto aprobado.

“Nosotros presumimos que hay una utilización del presupuesto sin la aprobación de ese monto aproximadamente y creo que va a haber otros más. Una vez que el interventor haga posesión del cargo, vamos a encontrarle la solución a nuestra comunidad”, acotó.

Si bien no lo mencionó el asesor, en el pedido de intervención también se adjunta una denuncia penal contra el intendente por supuesta “lesión de confianza”, por una adjudicación “sin concurso” de obras por valor de aproximadamente G. 160 millones.

Con plazos justos para definir intervención en Loma Grande

La Ley Nº 317/94 que “reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/o a los gobiernos municipales”, establece un plazo máximo de 15 días hábiles para que la Comisión Especial emita dictamen a favor o en contra de la intervención, lo cual se cumplirá una semana antes de que culmine el mandato del actual Congreso (el 30 de junio asumen los nuevos legisladores).

Con el dictamen, el pleno de la Cámara deberá definir por mayoría simple si aprueba o no la intervención, y en el caso de hacerlo, el Poder Ejecutivo debe designar un interventor.