Finca 916: embargan bienes de ocupantes para costear demolición de edificaciones

En el marco del juicio “Procuraduría General de la República y otros c/ Daniel Iván Gómez Rambado y otros s/ reivindicación”, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Noveno Turno resolvió el miércoles pasado decretar el embargo preventivo sobre bienes suficientes de los demandados y la prohibición de innovar sobre la Finca N° 916, salvo aquellas actividades ejecutadas por las Fuerzas Armadas de la Nación, propietarias de las tierras.

El monto de embargo es distinto para cada demandado y se establece mediante una estimación provisoria de lo que costaría la demolición de las edificaciones que cada uno de ellos realizó en las tierras que pertenecen al Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

“Para asegurar que el Estado pueda costear, ya hemos pedido el embargo sobre los bienes de los ocupantes que hasta ahora no entregaron la posesión. Es para cubrir los costos de la demolición”, dijo el procurador general, Marco Aurelio González.

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González también explicó que el embargo se estableció con base en un informe pericial que determinó cuánto costaría la demolición de cada edificación, entre ellas lujosas mansiones.

Según se detalla, se decretó embargo a Miguel Antonio Reynal Vera por G. 280 millones, a Jorge Raúl García Rotela y María del Socorro García de Ferreira por G. 300 millones, a Gumercindo Leguizamón Ortiz y Purificación Gómez de Leguizamón por G. 53 millones, a Ronney Daniel González Fernández por G. 120 millones, a Walter Escobar García por G. 53 millones y a Giovanni Martín Amaini Fischer por G. 250 millones, entre otros. También se retiene G. 72 millones al juez de Villa Hayes Daniel Iván Gómez Rambado.

Agregó que la demolición arrancaría una vez que haya sentencia firme y ejecutoriada en el marco de la causa. “No hay plazo porque depende del juicio”, dijo. Comentó que el proceso podría extenderse, ya que hay abogados de demandados que anunciaron que buscarán trabarlo mediante chicanas.

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“En este proceso estamos hablando de 21 personas. Si bien se trata de 11 parcelas de tierra, en algunas están 4 personas, en otras, 2 ó 3. Los que entregaron la llave están fuera de la demanda civil. Finalmente, 6 entregaron las llaves. La dimensión de esos 6 forma parte de casi el 60% de lo que se quiere recuperar”, mencionó.

No descartan solicitar indemnización por daños

El procurador general anunció además que se plantea solicitar indemnización por los daños causados al terreno, atendiendo a que hay construcciones en la ribera del río Paraguay que pudieron haber afectado el estado natural de las tierras del Ministerio de Defensa.