Banco Nacional de Trabajadores (BNT)

De forma totalmente irregular, el juzgado de ejecución realizó el cómputo de la pena y determinó a partir de qué fecha podrá el condenado a 10 años de prisión por el desfalco al BNT, Alcibiades Ledesma compurgar su pena y a partir de cuándo podrá solicitar libertad condicional. El expediente, además, fue remitido al juzgado de Cordillera, mientras la Corte sigue siendo un mero espectador, pese a que debe tramitar la continuación de la casación del condenado.

La Sala Penal debe reencausar el procedimiento para el exdirectivo del BNT Alcibiades Ledesma, condenado a 10 años de prisión. Fue capturado en diciembre, luego de estar prófugo 20 años. Un juzgado de ejecución hizo el cómputo de la pena sin estar firme la condena, pero la Corte debe proseguir el trámite de casación suspendida.

Alcibiades Ledesma, condenado a 10 años de prisión por el vaciamiento al Banco Nacional de Trabajadores (BNT), quien estuvo prófugo de la justicia por más de 20 años, seguirá con prisión preventiva en la penitenciaría de Emboscada. Fue la decisión del juez que rechazó su revisión de medidas cautelares. Por otro lado, el magistrado dispuso que Ledesma tenga atención médica por los problemas que padece.

La Cámara de Apelaciones notificó a la Coordinadora de Aportantes del BNT, que integró su tribunal para analizar incidentes de la demanda de regulación de honorarios planteada en su momento por el abogado de la Sindicatura de Quiebras, Hugo Villalba (falleció luego) en la que se reclama cerca de G. 3.000 millones y el embargo de bienes de los sindicatos. La Corte emitió fallos contradictorios en este caso.

La Cámara de Apelaciones ratificó la prisión preventiva en la penitenciaría de Tacumbú para Alcibiades Ledesma, condenado a 10 años de prisión por el desfalco al Banco Nacional de Trabajadores (BNT). El peligro de fuga por estar prófugo de la justicia por más de 20 años, es justificativo suficiente para la Cámara para confirmar la medida cautelar. El perjuicio al BNT fue cuantificado en unos G. 120.000 millones. La Corte tiene pendiente la prosecución de trámites de la casación.