La Fiscalía intervino oficinas del Indert buscando expedientes relacionados a una denuncia del titular de este ente, sobre supuestas coimas cobradas por funcionarios para titulación de tierras. Los salpicados alegan que no actuaron contra la ley y que en los casos investigados, sólo siguieron indicaciones de la asesora de presidencia.
El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, declaró ayer que los trámites para la inscripción del título del lote de Juan Báez están paralizados porque se espera un dictamen de la Junta Asesora. Según el titular del ente agrario, el terreno está en un área de rocas y de “desarrollo turístico”, es decir, no apto para la agricultura. Todo apuntaría a una burda maniobra para beneficiar a la exviceministra de Tributación cartista Marta González.
Un dirigente “sin tierra” que había sido denunciado por el Indert por supuesta usurpación de funciones públicas lidera la entrega de títulos de propiedad en Caaguazú. El actual presidente de la entidad agraria, Francisco Ruiz Díaz, dijo que aún no existe una sentencia judicial al respecto. Afirmó que esa denuncia tuvo como trasfondo el internismo colorado.
El Consejo Asesor y de Control del Indert se reunió en la jornada de este martes y no abordó sobre la denuncia del pueblo maká y la presunta invasión a su cementerio con el puente “Héroes del Chaco”. La función de esta institución es clave, pues se encarga de la gestión de tierras y garantizar su acceso a los nativos, conforme estipula la Constitución Nacional.
El Indert insiste en que la institución pagó G. 500 millones por viajes y trabajos que al parecer no se realizaron en Arroyito (Concepción). Sin embargo, el responsable de esa administración, un dirigente sindical, se defendió de las “falsas acusaciones” y dijo que los trabajos se desarrollaron.
De un día para otro, 92 contratados del Indert fueron notificados vía email que fueron desvinculados. Se trata de los trabajadores calificados de “operadores políticos” por parte del actual titular del ente. Ellos rechazan tal calificación.