El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, anunció ayer una exhaustiva revisión del actual Gobierno de todos los acuerdos y programas firmados con los organismos internacionales, entre ellos la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en Paraguay. Afirmó que nuestro país no tiene obligación de operar con esas instituciones. Actualmente, la Unops está en el ojo de la tormenta debido a los escandalosos y millonarios manejos de fondos públicos, en su mayoría de la Itaipú, puenteando controles de Contrataciones Públicas.
Empresas proveedoras, con antecedentes de inhabilitación y amonestaciones por Contrataciones Públicas, aparecen como adjudicadas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en varias licitaciones. Todos estos llamados financiados con millonarios fondos públicos se hicieron puenteando los controles de compras del Estado.
El subcontralor Augusto Paiva señaló que consideran “excesivo” el monto que recibirá Unops en el marco de un proyecto para fortalecimiento de las fiscalizaciones de las rendiciones de cuentas, considerando que -afirmó- la Contraloría General puede disponer de esos recursos.
La Contraloría General de la República (CGR) notificó al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, que hará una fiscalización “especial inmediata” a la Municipalidad de Asunción, tras las interminables quejas contra el servicio de estacionamiento tarifado concesionado a la empresa Parxin.
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en Paraguay habría recibido en donación US$ 1.500.000 (alrededor de G 11.250 millones) de la Itaipú para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento a la Contraloría General de la República para el control de los procesos de rendición de cuentas y transparencia de la información”. Lo grave es que de ese monto solo se estarían destinando unos US$ 404.000 (G. 3.030 millones) para ese efecto, según se le informó al ente de control y este a su vez ya advirtió a la binacional. La Unops realiza actualmente un “carnaval” de compras, en su mayoría con recursos públicos, puenteando a Contrataciones Públicas.