En X, la ONG señaló que el salario mínimo y la pensión "permanecen anclados" en 130 bolívares mensuales -hoy unos 37 centavos de dólar, a la tasa de cambio oficial- desde marzo de 2022, pese a los "incesantes reclamos de miles de trabajadores y al acelerado deterioro de la calidad de vida de las familias".
"Es el período más largo, de los últimos 29 años, sin aumento salarial", aseguró.
Provea indicó que la anunciada recuperación económica "mediante la inversión extranjera y nuevos acuerdos energéticos no puede dejar de lado la necesaria reconstrucción del ingreso", para lo que considera que se necesita una estrategia "basada en el diálogo social y la negociación tripartita".
En ese sentido, dijo que urge "rescatar, proteger y fortalecer la institucionalidad de la negociación colectiva".
Además, aseguró que es "obligación del Estado garantizar y proteger el derecho a la libertad sindical y a la sindicación", lo que, señaló, debe traducirse "en la inmediata libertad plena y sin restricciones de todos los trabajadores y dirigentes gremiales y sindicalistas detenidos arbitrariamente por ejercer sus derechos".
El Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de bonificaciones que no tienen incidencia en beneficios laborales.
En abril del año pasado, el presidente Nicolás Maduro -hoy detenido en Estados Unidos- aumentó de 130 a 160 dólares el llamado "ingreso mínimo integral", compuesto por dos bonos: uno de alimentación, en 40 dólares, y otro denominado "ingreso de guerra económica", en 120, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.
Este lunes, un grupo de activistas y familiares de sindicalistas presos exigió la "liberación inmediata" de estos detenidos, cuando ya han pasado once días desde el anuncio oficial de la excarcelación de un "número importante" de personas.
En una protesta en las afueras de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, en Caracas, la Coalición Sindical Nacional denunció que 16 de sus integrantes están detenidos, de los cuales al menos cuatro permanecen en paradero desconocido.
La alianza sindical anunció reuniones en todo el país el próximo viernes, con motivo del aniversario del derrocamiento, el 23 de enero de 1958, del Gobierno de Marcos Pérez Jiménez, para exigir la liberación de los presos políticos y sueldos con poder de compra, así como una movilización para marzo, cuando se cumplirán "cuatro años de la congelación del salario" mínimo.